La suma de 1.513 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -más de $65 millones- canceló la empresa acuícola-pesquera Blumar Seafoods S.A a la Tesorería General de la Republica. Lo anterior, luego de que finalizara el proceso judicial que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la Región de La Araucanía inició en 2011 contra la nave Erika de la, en ese entonces, Pesquera El Golfo S.A. (hoy no existente), con domicilio en Talcahuano (Región del Biobío).
Específicamente, la causa comenzó a tramitarse cuando inspectores del Sernapesca constataron que el Pesquero de Alta Mar (PAM) Erika, 
con matrícula de registro de naves mayores, se encontraba realizando actividad de pesca sobre el recurso sardina común en periodo de veda biológica, en febrero de 2011, frente a la costa de Toltén (Región de La Araucanía).
El director regional del Sernapesca La Araucanía, Bernardo Pardo, detalló que en 2014, el Segundo Juzgado Civil de Temuco sentenció a favor de la entidad de Gobierno, fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco en marzo de este año. «Fue un juicio largo, pero finalmente el tribunal dictaminó que se había transgredido la normativa pesquera, tanto por capturar en periodo de veda como por entregar información no fidedigna sobre sus capturas. Cabe destacar, además, que Sernapesca corroboró la denuncia con el Sistema de Posicionamiento Geográfico Automático con apoyo satelital», sostuvo.
De igual manera, Pardo consideró que se trata de una multa histórica dentro de la región. «De la multa, el 50% se irá a beneficio municipal de la comuna de Toltén, frente a cuyas costas se cometió la infracción y el 50% restante a beneficio del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA)», precisó.
Sernapesca se encuentra aplicando su Plan Nacional de Fiscalización que busca resguardar las pesquerías, en especial aquellas que están en condición de colapso o sobreexplotadas, por esto ha insistido en el llamado, tanto a industriales como a artesanales, a respetar las medidas administrativas y a entregar información fidedigna en los desembarques, «para asegurar así la sustentabilidad de los recursos que pertenecen a todos los chilenos», concluyó el servicio público.