Con la especial participación del director del Trabajo, Christian Melis; de los subsecretarios de Pesca, Raúl Súnico, y del Trabajo, Francisco Díaz; y de trabajadores del sector industrial pesquero, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados analizó esta semana la compleja situación que enfrentan los tripulantes de alta mar en torno a los obligados recesos laborales provocados por las vedas y los efectos en sus remuneraciones.
El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Cristián Campos (PPD), planteó que una de las opciones que se analizaron fue la de generar una legislación específica para este sector, asimilable a la que tienen otros trabajadores que laboran bajo condiciones especiales. «Le hemos pedido (al Ejecutivo) que, más allá del problema puntual que hoy existe, poder tener una legislación vigente que se haga cargo de una tarea tan específica como es la de los trabajadores que están en alta mar o que funcionan en las plantas y que ven un detrimento en sus ingresos», comentó el legislador.
Sostuvo que esta situación no da para más y anunció que esperan que junto con el subsecretario de Pesca y con el Ministerio del Trabajo, poder abordar esta situación, dando una solución definitiva.
El diputado Jorge Ulloa (UDI), estimó que el punto presentado por los trabajadores de este sector es atendible y coincidió en la necesidad de acordar un sistema de cálculo de los días no trabajados que no son imputados al trabajador y que hoy generan dificultades tanto para los tripulantes como para las empresas mismas, particularmente después del último dictamen de la Dirección del Trabajo.
Reconoció que ésta es un área sensiblemente especial, como los trabajadores del tráfico aéreo, que tienen situaciones laborales muy especiales. «Por lo tanto, se requiere de una visión particular sobre este tema y estamos viendo si lo hacemos o por la vía de la interpretación o por la vía legal, eso es lo que hemos acordado», comunicó.
Christian Melis explicó que el dictamen que publicó la Dirección del Trabajo el año pasado cambió efectivamente la doctrina tradicional sobre la forma de remunerar los periodos de inactividad laboral de los trabajadores en la veda. Indicó que la interpretación anterior apuntaba a que la remuneración se determinaba con acuerdo de las partes y, si no había acuerdo, se ajustaba conforme al promedio de los últimos tres meses. «El año pasado dijimos que esa interpretación es errada porque hay que fijar primero un mínimo, que es sobre el promedio de los últimos tres meses, y el pacto de las partes puede ser siempre y cuando sea superior a ese mínimo», especificó.
Reconoció que el dictamen provocó una reacción contraria en las empresas y confirmó que solicitaron derechamente su reconsideración. Precisó que la Contraloría, en dos casos ya, confirmó la legalidad del acto administrativo y que, frente a este hecho, el tema se encuentra hoy judicializado, por demandas interpuestas por trabajadores en contra de las empresas.
«Por lo tanto, estamos a la espera de lo que resuelvan los tribunales de justicia sobre la aplicación de esta doctrina. En consecuencia, serán los tribunales los que definan cómo se paga a estos trabajadores», puntualizó, aunque reconoció luego que una segunda vía es avanzar hacia una legislación específica, tal como presentan otros sectores con condiciones especiales.
Ley de Pesca
El diputado Cristián Campos informó que en la oportunidad también discutieron sobre la necesidad de realizar ajustes a la Ley General de Pesca de 2012, más allá de los cambios que llegue a proponer la FAO, conforme al estudio que se le encargó por parte del Gobierno. «Nosotros creemos que hay algunos aspectos que tenemos que mejorar y, sin dudas, dentro de todos los aspectos que la ley de 2012 debe mejorar está lo relativo al rol del Estado en materia de certificación, que es básicamente constatar en terreno que la pesca sea legal», especificó.
Estimó que el Estado debe asumir un rol protagónico en la materia y se mostró contrario a externalizar este tema, ya que significa incertidumbre y pocas condiciones para el sector artesanal. «Obviamente el Estado tiene que jugar un rol promotor, no el rol deficiente y frágil que tiene hoy día, sino que robusto, articulador, donde podamos tener tranquilidad de cómo se proyecta la actividad pesquera en el tiempo y cómo genera esto puestos de empleo, contribuye a la mejora de los ingresos y para tener una actividad mucho más sana de lo que tenemos hoy», acotó.
El diputado Jorge Ulloa coincidió en que la Ley de Pesca es perfectible como cualquier otra normativa y reconoció que hoy se están verificando problemas en la certificación del sector artesanal. «Hemos tenido muchas quejas», ratificó.
Sin embargo, el legislador se manifestó partidario de avanzar por una vía más rápida que la legislativa, corrigiendo en las bases de licitación los actuales inconvenientes detectados en la práctica, de modo que estas deficiencias sean superadas por las empresas contratadas.
Victoria Rubio, presidenta del sindicato Siparmar de Talcahuano (Región del Biobío), llamó directamente a cambiar la ley y que la certificación vuelva a manos del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), entregándole para ello un mejor presupuesto y herramientas que les permita realizar una efectiva y eficiente fiscalización, pero sobre la base de criterios adecuados y ajustados a la realidad.
Criticó que las empresas que hoy trabajan en la certificación no dan cuenta de las características específicas de la pesca artesanal y aplican un sistema concebido para la pesca industrial. «Cuando se hizo este programa de certificación no hubo consulta a los usuarios y al no haber consulta no se tomó en cuenta las particularidades del sistema, entonces se aplicó lo que se conocía como certificación que ya existía en el sector industrial y se aplicó de la misma forma en el sector artesanal», precisó.
Recalcó que el funcionamiento es distinto y como ejemplo citó el hecho que se les exige que avisen con dos horas de anticipación para ir a verificar las descargas, en circunstancias que la distancia entre un caladero y el puerto de atraco puede estar a media hora de camino.
Añadió que otro inconveniente es el sistema tarifario que se aplica, que dispone de horarios diurnos y nocturnos y cobros especiales para fines de semana y feriados, no tomando en cuenta que la pesca se realiza conforme a la movilidad de los peces y no a la simple voluntad del pescador. «Es una actividad temporal, cuando hay peces se pesca, independiente si es de noche o de día, si es festivo o no, si la pesca está se extrae», sentenció la dirigente.