(La Tercera) Hace unas semanas, la fiscal a cargo del caso Corpesca, Ximena Chong, le propuso al senador UDI Jaime Orpis prestar declaración el miércoles 9 de septiembre. Por su condición de congresista, Orpis es requerido por la fiscalía en calidad de «invitado», e incluso, por ley, posee el derecho a elegir el lugar donde poder entregar su testimonio.
Sin embargo, según confirman fuentes ligadas a la investigación, el senador se excusó de asistir por encontrarse en reposo absoluto desde hace más de un mes, luego de sufrir un infarto a principios de agosto.
Unicamente a partir del 4 de octubre próximo su médico tiene contemplada el alta para acudir a este tipo de requerimientos. En su entorno explican que el legislador sufrió un infarto, justamente, luego de la diligencia realizada por la fiscalía, en que se le incautó un computador desde su casa.
Pero más allá de cuándo se tome su testimonio, se dice que el avance de la investigación que lleva adelante la fiscal Chong ha adquirido un ritmo tal que los antecedentes reunidos han ido configurando de manera completa el modus operandi de los dineros pagados por la pesquera a emisores vinculados al senador.
De hecho, según comentan fuentes ligadas al ambiente político, la mayoría del entorno del senador ha prestado colaboración con la fiscalía. Esto, debido a que Chong ha vuelto a citar a los ex colaboradores de Orpis que emitían boletas, a los ejecutivos de la pesquera -incluyendo al ex gerente general Francisco Mujica- y otros testimonios del entorno del legislador que tenían conocimiento de los pagos.
Lo que más complica al senador, describen sus cercanos, son las posibles medidas cautelares que pediría la fiscalía al momento de una eventual formalización. Y es que a diferencia del caso del también senador UDI Iván Moreira y del diputado gremialista Felipe de Mussy, quienes fueron formalizados en el marco del caso Penta sin medidas cautelares de por medio, los fiscales del caso Corpesca sí contemplarían pedir para Orpis alguna cautelar gravosa, que incluya privación de libertad.
En ese sentido, fuentes ligadas a las indagatorias confirman que el Ministerio Público está estudiando la opción de solicitar el desafuero del senador gremialista.
Según la ley, un congresista en ejercicio solo puede ser sometido a medidas cautelares una vez desaforado.
«Si seguimos investigando a los parlamentarios habría que pedir el desafuero», dijo el 5 de septiembre el propio Chahuán. Para el caso de Orpis, explican, la máxima autoridad del Ministerio Público podría solicitar su desafuero en un corto plazo.
Incluso, agregan, esto podría tomar curso antes de que el senador entregue su testimonio a la fiscalía. Esto, dado que Orpis ya reconoció públicamente que había recibido los dineros de la pesquera -cerca de $230 millones- facilitando boletas de terceros. Así, para la fiscalía su testimonio podría aportar detalles, pero el caso y los delitos que se le imputan ya estarían configurados.
Por estos días, el senador por Tarapacá se ha dedicado a su recuperación física y, además, a cumplir un proyecto que posee hace años: escribir un libro. Según quienes conocen esa idea, el objetivo es dejar registro de sus vivencias a la cabeza de la Fundación La Esperanza, corporación dedicada a la rehabilitación de personas que padecen adicción a las drogas.