Por eso, cuando hablamos de sostenibilidad y competitividad, no podemos mirar únicamente a las empresas productoras. Tenemos que mirar al ecosistema completo y, especialmente, a las capacidades que se han construido en los territorios donde esta actividad se desarrolla.

Desde esa perspectiva, el primer año del Programa Territorial Integrado (PTI) Industria Sostenible del Salmón, articulado por Corfo Los Lagos, deja aprendizajes y avances relevantes. Uno de ellos ha sido generar un espacio de trabajo en el que empresas productoras, proveedores, gremios, instituciones públicas y academia han podido identificar brechas, compartir experiencias y avanzar en iniciativas comunes.

Esto es especialmente importante porque muchos de los desafíos que hoy enfrenta la salmonicultura difícilmente pueden ser resueltos de manera aislada. La reducción de emisiones, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de proveedores regionales o el desarrollo de nuevas soluciones requieren colaboración y, sobre todo, capacidad para conectar necesidades con conocimiento y capacidades disponibles.

Durante este primer año comenzamos a ver resultados concretos de ese trabajo. La construcción de una metodología para abordar la medición de la huella de carbono de los proveedores, por ejemplo, permite avanzar en un desafío que será cada vez más relevante para toda la cadena de valor. Medir mejor no es un fin en sí mismo: permite contar con información, identificar brechas y tomar mejores decisiones.

Algo similar ocurre con la Plataforma Digital de Proveedores de la Industria del Salmón. Más que un registro de empresas, su potencial está en permitirnos conocer las capacidades que existen en el territorio y conectar de mejor manera las necesidades de la industria con proveedores que muchas veces ya cuentan con soluciones desarrolladas localmente.

Esto tiene un valor especial para la Región de Los Lagos. Durante décadas se ha desarrollado aquí un ecosistema proveedor altamente especializado, con conocimiento y experiencia para responder a las particularidades de operar en el sur de Chile. Muchas de esas capacidades hoy tienen incluso potencial para proyectarse hacia otros sectores y mercados. Fortalecerlas y visibilizarlas es también fortalecer la competitividad regional.

Del desarrollo de herramientas a su utilización

Si durante el primer año el foco estuvo puesto en identificar brechas, articular actores y desarrollar herramientas, el segundo año plantea un desafío distinto: hacer que esas herramientas se utilicen, crezcan y generen resultados concretos.

Una plataforma adquiere valor cuando permite generar conexiones y nuevas oportunidades. Una metodología de medición de huella cobra sentido cuando más organizaciones pueden incorporarla y utilizar la información para mejorar su desempeño. Y una instancia de articulación se consolida cuando es capaz de transformar conversaciones y diagnósticos en iniciativas que permanezcan en el tiempo.

En esta nueva etapa también será importante seguir ampliando la participación. La cadena de valor de la salmonicultura reúne empresas de distintos tamaños, proveedores, emprendimientos, trabajadores, academia, instituciones públicas y comunidades que se vinculan de diferentes maneras con la actividad. Incorporar esas miradas permite entender mejor las brechas y construir soluciones que respondan a las características del territorio.

Desde el Consejo del Salmón creemos en el valor de la colaboración público-privada y en la construcción de relaciones de largo plazo con los territorios. Entendemos, además, que la sostenibilidad no se agota en los indicadores ambientales. También se expresa en la capacidad de generar empleo, innovación, conocimiento, oportunidades para proveedores locales y capacidades que permanezcan en las regiones.

El segundo año del PTI es una oportunidad para avanzar precisamente en esa dirección: pasar de la articulación a una mayor implementación y de las herramientas desarrolladas a resultados que puedan ser reconocidos por quienes forman parte de esta cadena de valor.

Tenemos una industria con décadas de experiencia, proveedores altamente especializados, universidades y centros de conocimiento, instituciones públicas y organizaciones que conocen el territorio. El desafío es lograr que esas capacidades se conecten cada vez mejor.

Porque fortalecer una salmonicultura sostenible también significa fortalecer el ecosistema que se ha desarrollado a su alrededor y generar condiciones para que el conocimiento, la innovación y las oportunidades que produce esta actividad sigan creciendo desde el sur de Chile.

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Uno quiere ir a la playa. Otro prefiere acampar. Alguien propone conocer un destino diferente. Todos tienen sus razones y probablemente ninguna sea absurda. El problema comienza cuando la conversación deja de tratar sobre el destino, los recursos disponibles o la mejor ruta, y pasa a concentrarse en impedir que la propuesta del otro prospere. Aparecen las desconfianzas, las descalificaciones y las zancadillas. Finalmente, la familia no va a ninguna parte.

A veces siento que como país nos ocurre algo parecido.

Esta sensación vuelve a aparecer con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que dejó fuera del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional la figura especial de las microrelocalizaciones acuícolas y su excepción de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La propuesta permitía desplazamientos acotados de hasta 350 metros, por una sola vez, sin aumentar la producción autorizada ni el tamaño de la concesión, con antecedentes técnicos y restricciones ambientales. Habrá argumentos jurídicos a favor y en contra, y será indispensable conocer la sentencia completa. Pero el episodio revela una dificultad anterior y más profunda: nuestra incapacidad para construir una visión compartida sobre el desarrollo de los territorios.

En Chile solemos discutir estas materias desde compartimentos separados. La institucionalidad protege sus competencias; los sectores productivos defienden la continuidad de sus operaciones; las organizaciones ambientales levantan alertas legítimas; las comunidades reclaman participación; los trabajadores y proveedores temen por sus empleos; y la política transforma cada diferencia en una señal de identidad. Cada actor puede tener una parte de la razón. El problema es que la suma de razones parciales no siempre produce una buena decisión para el conjunto.

A esta familia se suma, además, un vecino especialmente activo: organizaciones no gubernamentales ambientalistas, algunas chilenas y otras de carácter internacional, que intervienen en el debate público, administrativo y judicial. Sus observaciones pueden revelar riesgos que el Estado o la industria no han considerado, y ese aporte no debe descartarse. Pero opinar e incidir también implica responsabilidades. Es razonable exigir claridad respecto de a quién representan, qué intereses promueven, cómo se financian y qué conocimiento efectivo poseen del territorio sobre el cual buscan influir.

En la metáfora familiar, el vecino tiene derecho a advertir que el camino puede ser peligroso o que el vehículo contamina. Incluso puede aportar información valiosa. Lo que no parece sano es que termine definiendo el destino, reemplazando la deliberación de la familia o bloqueando permanentemente su decisión, sin asumir las consecuencias económicas y sociales que recaerán sobre quienes viven en esa casa. La participación externa debe integrarse mediante reglas transparentes, en etapas oportunas y con evidencia verificable; no transformarse en un poder de veto informal durante todo el proceso.

Cuando la discusión queda atrapada entre estar a favor o en contra de una actividad, perdemos las preguntas importantes: ¿qué impactos concretos debemos reducir?, ¿qué indicadores vamos a medir?, ¿qué zonas requieren protección?, ¿dónde es posible producir responsablemente?, ¿cómo participan las comunidades?, ¿cómo se distribuyen los beneficios en el territorio?, ¿qué tecnología puede corregir problemas existentes?, ¿quién fiscaliza y con qué información?

No escribo esto desde la distancia. He dedicado buena parte de mi trayectoria a la investigación pesquera, la gestión pública, la industria acuícola y el emprendimiento regional. Hoy, desde CITECMA, trabajamos en monitoreo ambiental, oceanografía, robótica submarina y generación de información para tomar mejores decisiones. Conozco las dificultades de operar en la Patagonia y también la fragilidad de sus ecosistemas. Por eso no creo que la solución sea elegir entre desarrollo o medioambiente. Esa disyuntiva es demasiado cómoda y, a estas alturas, profundamente equivocada.

Debemos reconocer que las actividades productivas han cometido errores. Negarlos destruye confianza. Pero también debemos reconocer que el conocimiento y las prácticas han cambiado. Hoy existen mejores sistemas de monitoreo, estándares más exigentes, tecnologías capaces de observar el fondo marino, modelos oceanográficos y herramientas para evaluar riesgos con una precisión que hace algunas décadas no teníamos. La regulación debe exigir ese conocimiento y utilizarlo para decidir; no ignorarlo cuando contradice una posición previamente adoptada.

La protección ambiental tampoco puede reducirse a inmovilizar el territorio. Cuidar implica conocer, medir, anticipar, corregir y fiscalizar. En determinadas situaciones, mover una instalación hacia un lugar cercano con mejores condiciones de profundidad o corrientes puede ser ambientalmente preferible a mantenerla donde está. Eso debe demostrarse técnicamente, con límites, transparencia y control. Pero si descartamos de antemano cualquier instrumento por el sector al que beneficia, reemplazamos la política pública por una disputa de trincheras.

Otros países productores tampoco viven sin conflictos. Noruega mantiene una regulación estricta y enfrenta desafíos ambientales relevantes, pero apoya sus decisiones en monitoreo, investigación científica, planificación espacial e incentivos vinculados a impactos medibles. Canadá ha impulsado enfoques de gestión por áreas que buscan integrar al Estado, gobiernos subnacionales, pueblos indígenas, industria y organizaciones ambientales, considerando conjuntamente factores ambientales, sociales y económicos. No son modelos perfectos ni copiables de manera automática. Su enseñanza es otra: el desacuerdo puede organizarse dentro de una gobernanza común.

Eso es lo que nos falta. Antes de discutir cada permiso, cada concesión o cada modificación legal como una batalla definitiva, necesitamos acordar el destino. ¿Queremos regiones que protejan su patrimonio natural y, al mismo tiempo, generen empleo de calidad, innovación, conocimiento y oportunidades para sus habitantes? Si la respuesta es sí, corresponde diseñar juntos la ruta, los límites, las obligaciones y los mecanismos de corrección.

Desde Aysén, la centralización de estas discusiones se siente con especial intensidad. Muchas veces las decisiones se adoptan lejos del territorio y sus consecuencias recaen sobre quienes viven aquí: trabajadores, tripulantes, técnicos, pequeñas empresas, familias y comunidades completas. Participar no puede significar únicamente ser escuchados cuando el diseño ya está terminado. El conocimiento territorial debe formar parte de la decisión desde el comienzo.

Necesitamos una gobernanza más madura: mesas permanentes con capacidad técnica; información ambiental pública y comprensible; participación temprana de las comunidades; compromisos verificables de las empresas; transparencia sobre la representación y el financiamiento de las organizaciones que buscan incidir; fiscalización eficaz; evaluación periódica de resultados; y reglas estables que puedan corregirse cuando la evidencia lo justifique. No se trata de que todos pensemos igual. Se trata de que todos aceptemos un método común para resolver nuestras diferencias.

La política cumple un papel indispensable, pero no debería convertir cada norma en una prueba de pureza ideológica. La ciencia aporta evidencia, pero tampoco reemplaza las decisiones democráticas. La empresa genera actividad y empleo, pero debe asumir responsabilidades. Las comunidades poseen experiencia y derechos que no pueden tratarse como un trámite. Y el Estado debe ser capaz de reunir esas dimensiones, en vez de administrarlas por separado.

Volvamos a la familia del comienzo. Tal vez nunca todos prefieran el mismo destino. Pero una familia que quiere avanzar conversa, establece prioridades, calcula los riesgos y acuerda una ruta. También se permite corregirla si las condiciones cambian. Lo que no hace es romper el vehículo para impedir que otro conduzca.

Chile necesita recuperar esa capacidad de acuerdo. Cuidar y desarrollar responsablemente el territorio no son viajes opuestos. Son parte de un mismo destino. Y mientras sigamos haciéndonos zancadillas, otros avanzarán y nuestras regiones continuarán esperando en el punto de partida.

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El fundamento del reclamo de constitucionalidad contra la invariabilidad tributaria es que la democracia supone que las cuestiones de política pública las resuelven las mayorías y que existe alternancia en el poder. Ambos principios pierden sentido si una legislatura puede resolver hoy aquello que las mayorías de mañana ya no podrán revisar.

El requerimiento desarrolla esta idea en extenso. Sostiene que la titularidad de la soberanía pertenece permanentemente a la Nación, mientras que su ejercicio es temporal y se distribuye sucesivamente entre las autoridades elegidas en cada período. Cada legislatura recibe un mandato limitado a su tiempo y ejercer sus propias competencias es algo distinto de disponer del ejercicio futuro de esas mismas competencias por parte de quienes aún no han sido elegidos. La conclusión es categórica: ninguna legislatura puede sustraer a las que la sucedan el ejercicio de esas atribuciones.

Lo paradójico es que, más de cien páginas después, el mismo escrito, firmado por los mismos 59 diputados, impugna también la norma que autoriza las microrelocalizaciones de concesiones de acuicultura, pero esta vez invocando el criterio exactamente inverso, fundado en la solidaridad intergeneracional en materia ambiental.

Allí se sostiene que el deber de tutela ambiental no se agota con el otorgamiento de una autorización, sino que exige preservar en el tiempo los estándares alcanzados, «sin que puedan desandarse». Con ese argumento se cuestiona que una ley posterior pueda modificar una regulación anterior cuando ello implique reducir un nivel de protección ambiental ya alcanzado.

En otras palabras, es un no a las microrelocalizaciones para defender una suerte de “invariabilidad ambiental”.

Lo anterior respecto de una medida que corresponde a un cambio menor de ubicación y que por ello asegura la inexistencia de efectos ambientales significativos. La norma obtuvo un amplio respaldo legislativo: 48 votos a favor en el Senado, con solo dos rechazos, y posteriormente 100 votos favorables en la Cámara de Diputados (44 votos en contra).

Esta discusión sobre la soberanía democrática recuerda el mecanismo conocido como Project Finance for Permanence (Financiación de Proyectos para la Permanencia), mediante el cual diversos grupos de interés ambiental han operado en distintos países, incluido Chile. Un trabajo publicado en 2023 en la revista científica Environment and Planning E, de Clare Beer, profesora de la Universidad de California, describe la Ruta de los Parques de la Patagonia como un ejemplo del fenómeno «dólares por políticas»: financiamiento internacional condicionado a que el Estado adopte compromisos legales, regulatorios y fiscales de carácter permanente. Beer es explícita en señalar que esas reformas no surgen como resultado orgánico del proceso democrático nacional, sino porque los promotores del proyecto negocian esos compromisos con determinados órganos del Estado como condición previa para cerrar el acuerdo.

Es decir, en esos casos, quienes terminan condicionando la política pública cuentan con una legitimidad incluso menor que una mayoría parlamentaria transitoria. En contraste, las microrelocalizaciones fueron debatidas durante la tramitación legislativa, aprobadas por amplias mayorías y ahora serán revisadas por la justicia constitucional.

Como anécdota quedará el hecho de que el requerimiento está firmado por algo más de una decena de diputados que votaron favorablemente las microrelocalizaciones durante su tramitación legislativa.

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Las cifras hablan por sí solas. Entre enero y junio, las exportaciones regionales superaron los US$3.661 millones, creciendo un 2,3% respecto del mismo período del año anterior. A primera vista podría parecer un incremento moderado. Sin embargo, cuando se analiza en el contexto económico global, representa un desempeño sólido y demuestra la capacidad que tienen nuestras empresas para seguir siendo competitivas.

El liderazgo del salmón y la trucha sigue siendo el gran motor de nuestra economía regional. Una noticia especialmente positiva es el crecimiento de otros sectores de la oferta exportadora. Los aumentos registrados en mejillones, carne bovina, harinas y aceites de pescado, junto con el crecimiento del sector forestal y de las exportaciones de servicios, reflejan una matriz exportadora que continúa diversificándose y fortaleciendo la competitividad de la región.

También es destacable la capacidad de nuestras empresas para ampliar su presencia internacional. Hoy la región exporta bienes y servicios a más de un centenar de mercados, y entre los principales destinos destaca el importante crecimiento de China. Esta mayor diversificación geográfica permite enfrentar de mejor manera las fluctuaciones económicas, generar un mayor equilibrio y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.

Desde ProChile existe un esfuerzo permanente para apoyar a las empresas que han invertido en innovación, sostenibilidad, calidad y capacidad de adaptación, permitiéndoles llegar a nuevos mercados mediante las distintas herramientas e iniciativas que la institución pone a su disposición.

Estos buenos resultados no deben llevarnos a la complacencia. Al contrario, confirman que la región de Los Lagos tiene empresas capaces de competir, innovar y proyectarse con éxito en los mercados internacionales. El desafío ahora es transformar este impulso en la apertura de nuevos mercados, una oferta exportadora con mayor valor agregado y más pequeñas y medianas empresas participando del comercio internacional. Ese será el verdadero indicador del éxito de nuestra región en los años que vienen.

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Desde una perspectiva técnica, El Niño no es solo «agua cálida». Es un modulador que incrementa la estratificación de la columna de agua, bloqueando la mezcla vertical y reduciendo drásticamente el oxígeno disponible. A temperaturas sobre los 16°C, el requerimiento metabólico del salmón sube más de un 20%, justo cuando el entorno ofrece menos soporte. A esto se suma el riesgo de Floraciones Algales Nocivas (FAN), como Heterosigma akashiwo y Pseudochattonella, que encuentran en estas condiciones de estabilidad y temperatura el nicho perfecto para proliferar.

Evolución técnica: Del anillo HDPE a la validación internacional

En Imenco aceptamos el desafío tras la crisis de 2016, desarrollando a fines de ese año nuestro primer sistema de surgencia en formato HDPE. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia ha evolucionado mediante un proceso de innovación constante, pasando por anillos duales de aire y oxígeno en 2019, hasta llegar a validaciones científicas de clase mundial.

Recientemente, los estudios realizados por C-CORE en Canadá (2023/24) han proporcionado datos empíricos que trascienden las simulaciones de diseño. Los ensayos de campo demostraron que nuestros sistemas pueden generar tasas de upwelling con una relación aire : agua 1:120 por dispositivo Más impresionante aún es su capacidad de intervención térmica: en condiciones de estratificación, el sistema logró reducir la temperatura superficial de 23-24°C a unos estables 10-12°C, rompiendo la termoclina y succionando agua profunda y fría mejorando la condición para los peces . Adicionalmente, se observó un incremento en los niveles de Oxígeno Disuelto (de 11 a 13 mg/L) gracias al ascenso de masas de agua profunda.

Airflow Control: La digitalización del lazo de control

La innovación no se detiene en el dispositivo submarino. La industria demanda hoy precisión, trazabilidad y autonomía. Por ello, hemos introducido la tecnología Airflow Control, un sistema de control inteligente que transforma la regulación manual —tradicionalmente inexacta y dependiente del operador— en una plataforma de automatización industrial.

Basado en una arquitectura de PLC industrial y caudalímetros másicos térmicos, Airflow Control permite gestionar cada jaula como una unidad independiente. El sistema no solo mide presión, sino que cierra el lazo de control sobre el caudal real (CFM o Nl/min) inyectado mediante un algoritmo que compensa automáticamente las pérdidas de carga y variaciones en la red de aire. Esto garantiza que el volumen de agua movilizada (upwelling) sea exactamente el necesario, optimizando el consumo energético de los compresores al evitar la sobre-inyección y permitiendo una supervisión remota vía IoT/Cloud.

Prepararse para el fenómeno

La pregunta para los productores hoy no es si El Niño llegará, sino qué tan robusta es su defensa técnica. Contamos con herramientas validadas por estudios de campo, simulaciones de dinámica de fluidos (CFD) y ahora, plataformas de control digital.

Enfrentar El Niño 2026 requiere sistemas de mitigación activos y trazables La tecnología de Imenco, respaldada por la experiencia acumulada desde 2016 , los resultados contundentes de C-CORE, y la precisión de su nueva plataforma, resulta en un aliado estratégico ante uno de los desafíos ambientales más complejos de nuestra década.

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El mar produce buena parte del oxígeno que respiramos, absorbe el calor y el carbono que de otro modo cocinarían el planeta, y pone alimento en millones de mesas. Pero Chile es mucho más que un proveedor de servicios ambientales, nuestras aguas son refugio de decenas de especies de cetáceos, un laboratorio natural de valor científico mundial, sustento de la pesca artesanal y motor de turismo y empleo costero. Es, sin exagerar, un tesoro. Y un tesoro que no es de un gobierno ni de una empresa, es de todos.

Desde el Centro de la Tierra y el Espacio de la UAI hemos trabajado, junto a equipos interdisciplinarios, en planificación ecológica costera y zonificación del uso del borde costero. En cada proyecto confirmamos que ordenar el mar con ciencia, mapas y datos requiere tiempo, diálogo y, sobre todo, continuidad institucional. Por eso preocupa ver cómo decisiones pensadas para el largo plazo pueden detenerse de un día para otro. En marzo, más de 40 decretos ambientales quedaron en pausa, incluyendo iniciativas vinculadas a parques marinos, planes de conservación y medidas de protección para especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt. La biodiversidad marina no puede depender del calendario político. El océano no entiende de gobiernos de turno; nosotros tampoco deberíamos hacerlo cuando se trata de cuidarlo.

La buena noticia es que Chile tiene herramientas poderosas para avanzar, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ya inició sus funciones y el país mantiene el compromiso de proteger el 30% de sus ecosistemas marinos hacia 2030. Pero la reciente postergación del traspaso de áreas protegidas desde CONAF al SBAP hasta marzo de 2027 nos recuerda que la institucionalidad ambiental no se consolida solo por decreto, sino requiere capacidades y presupuesto.

Seguimos tratando la biodiversidad como si pudiera esperar. Como si fuera un tema lateral, un patio trasero verde y azul, y no una condición básica para la vida y el futuro del país. Su valor no es solo ecológico sino también es evolutivo, productivo, cultural y espiritual. Por eso, ninguna ley basta si la ciudadanía permanece distante. Proteger el océano también depende de lo que valoramos, de las políticas que respaldamos y de nuestra disposición a exigir que el patrimonio natural se cuide más allá del corto plazo.

Reimaginar el océano es entender que cuidarlo no es un costo ni un freno al desarrollo, más bien es una inversión en resiliencia y futuro. Chile es más mar que tierra. Ya es hora de actuar como tal.

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Durante años, gran parte de la gestión preventiva ha estado enfocada en procedimientos, registros, capacitaciones y autorizaciones. Si bien estos elementos son necesarios, hoy la industria enfrenta el desafío de avanzar hacia una prevención más efectiva. La primera pregunta frente a una tarea crítica no debería ser únicamente si existe un procedimiento aprobado, sino si esa labor requiere necesariamente la intervención de una persona bajo el agua.

La jerarquía de controles en seguridad y salud ocupacional establece que la medida preventiva más eficaz es eliminar el peligro y, cuando ello no sea posible, sustituirlo por alternativas de menor riesgo. En el caso del buceo profesional, esto implica evaluar de manera sistemática qué actividades pueden ser automatizadas, robotizadas o ejecutadas desde superficie mediante vehículos operados remotamente, sistemas de monitoreo u otras tecnologías que hoy ya forman parte de la evolución de la acuicultura.

La seguridad continúa siendo una materia prioritaria para la industria. En ese contexto, las estadísticas de Directemar permiten monitorear la evolución del buceo profesional en Chile y orientar acciones de mejora continua. Los avances registrados durante los últimos años han impulsado el fortalecimiento de medidas preventivas, capacitación y buenas prácticas, contribuyendo al desarrollo de una actividad cada vez más segura y profesionalizada.

Un segundo desafío es abordar de manera integral la salud ocupacional de los buzos. Las enfermedades profesionales asociadas a la exposición hiperbárica suelen desarrollarse de forma silenciosa y manifestarse años después. Datos de la Superintendencia de Seguridad Social muestran que entre 2016 y 2023 se registraron 609 denuncias de enfermedad profesional en buzos, de las cuales 373 fueron calificadas como tales. La osteonecrosis disbárica concentró la gran mayoría de los casos reconocidos, con especial incidencia en la región de Los Lagos.

En este contexto, la vigilancia de salud resulta indispensable, pero no debe confundirse con prevención. Detectar daño es importante, pero prevenirlo exige identificar tareas críticas, evaluar exposiciones, implementar controles eficaces, supervisar su cumplimiento y corregir oportunamente las brechas detectadas. Del mismo modo, la experiencia demuestra que el autocuidado, por sí solo, no constituye una estrategia suficiente cuando existen factores que pueden desincentivar el reporte oportuno de síntomas o condiciones de salud.

La implementación del DS N°44 y la reciente entrada en vigencia de la Ley N°21.789 abren una oportunidad para fortalecer los estándares del sector mediante sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo más robustos, basados en evidencia y orientados al control efectivo de los riesgos. El desafío para la industria no es únicamente cumplir con nuevas exigencias regulatorias, sino aprovecharlas para consolidar una gestión preventiva más madura y sostenible.

La salmonicultura ha demostrado que la innovación es una herramienta clave para su desarrollo. Aplicar esa misma capacidad a la protección de quienes trabajan bajo el agua es el siguiente paso. Avanzar hacia la eliminación de riesgos, incorporar tecnología donde sea posible y fortalecer la gestión preventiva permitirá proteger mejor a los trabajadores y contribuir, al mismo tiempo, a la sostenibilidad futura de la actividad.

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Los buceadores profesionales que operan a profundidades superiores a los 50 metros experimentan alteraciones fisiológicas que impactan directamente su arquitectura del sueño. La narcosis por nitrógeno, causada por la exposición a niveles elevados de este gas, genera somnolencia postinmersión y confusión durante la inmersión, incluso a profundidades moderadas de 30 a 70 metros.

En inmersiones extremas de más de 300 metros, el Síndrome Neurológico de Alta Presión (SNAP) provoca cambios electroencefalográficos (EEG) detectables durante el buceo, con aparición de fases de sueño 1 y 2 mientras el buceador está sumergido. Estos efectos no desaparecen al emerger: estudios en buzos a 500 metros muestran que las alteraciones EEG pueden persistir entre 10 y 12 horas después de la descompresión, fragmentando el sueño nocturno y reduciendo su eficiencia. Los operadores habituales de buceo profundo reportan dormir poco o muy mal las noches siguientes a operaciones intensivas.

El déficit de sueño no es anecdótico ni solo una molestia, sino una vulnerabilidad crítica. La mala calidad del sueño incrementa el riesgo de lesiones en un 65% cuando se duerme menos de 8 horas, de acuerdo con estas mismas investigaciones. Para el buceo profesional, esto se traduciría en una mayor probabilidad de síndrome de descompresión, debido a que la recuperación incompleta debilita los mecanismos fisiológicos de eliminación de burbujas. Asimismo, compromete la respuesta inmune, porque la privación de sueño altera el metabolismo de la glucosa, la actividad endocrina y la función inmune, aumentando la susceptibilidad a infecciones que pueden inhabilitar al operador. Finalmente, provoca una disminución de la potencia anaeróbica, ya que el sueño es esencial para la reparación muscular y la liberación de hormonas de recuperación, como la hormona del crecimiento y los andrógenos. Sin un descanso normal, la fatiga residual se acumula y el deterioro será mayor mientras más prolongada sea la alteración o la falta de sueño.

Aquí reside el problema más grave: el buceo profundo altera el sueño, y la falta de sueño se inicia o precede a la siguiente inmersión. Este círculo vicioso crea un estado crónico de bajo rendimiento y alto riesgo. Un buzo que opera a 200 metros puede pasar la noche siguiente con fragmentación del sueño por efectos residuales del nitrógeno. Al día siguiente, su capacidad de decisión está comprometida, pero una operación comercial le exige sumergirse nuevamente, aumentando exponencialmente los riesgos de accidente.

Protocolos de seguridad y monitoreo del sueño

La comunidad médica hiperbárica internacional ya identifica los trastornos del sueño como una contraindicación relativa o permanente para el buceo profesional. Frente a esto, la primera recomendación es evaluar el sueño previo, ya que la puntuación de calidad del descanso de la noche anterior es el predictor más fuerte de predisposición para bucear. Si se ha dormido menos de 6 horas o se ha tenido una mala calidad de sueño, posponer una inmersión compleja no es debilidad, sino profesionalismo.

También es fundamental mantener la consistencia, recomendándose entre 7 y 9 horas de sueño continuo, incluso en operaciones offshore con horarios rotativos. En cuanto al cuidado postinmersión, después de buceos profundos se deben programar 12 horas de descanso activo y monitorear la calidad del sueño para detectar la persistencia de síntomas del SNAP. Por último, es clave aprender a reconocer los síntomas: la somnolencia excesiva, la confusión mental o la fragmentación del sueño posterior al buceo deben ser reportadas de inmediato al médico hiperbárico.

El sueño no es un lujo para el buceador profesional, sino un parámetro de seguridad crítico. Mientras el buceo recreativo puede ser un remedio para el insomnio, el buceo profesional, especialmente a grandes profundidades, convierte el descanso en un desafío técnico. Reconocer que cada inmersión profunda altera el cerebro y que cada noche mal dormida aumenta el riesgo de accidentes, es el primer paso para romper este círculo vicioso. En la actividad profesional, cuidar la calidad del sueño es tan importante como revisar el equipo o calcular las tablas de descompresión. El océano no perdona la negligencia, y el cerebro tampoco.

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La mitilicultura forma parte de esa historia. Desde la década de los años 60, antiguos chilotes desarrollaban de manera artesanal el cultivo de choritos (Mytilus chilensis) en distintos sectores de la Isla Grande, inicialmente como una práctica destinada al consumo familiar, pero que con el paso de los años, ese conocimiento tradicional fue creciendo y perfeccionándose hasta convertirse en la industria moderna que hoy posiciona al chorito chileno en más de 70 países donde se exportan.

Desde la industria, la historia y la experiencia de las comunidades costeras son vistas como una inspiración para proyectar el futuro. El desafío actual no solo está en fortalecer la producción, sino también en seguir destacando al chorito o mejillón chileno como un súper alimento, una proteína saludable, nutritiva y altamente disponible, reconocida por su calidad, beneficios a los ecosiustemas y aporte alimentario.

Junto con ello, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente se han transformado en ejes fundamentales para el desarrollo del sector. La industria mitilicultora trabaja de manera permanente en mejorar sus estándares de producción, impulsando prácticas responsables que permitan proteger el entorno marino y asegurar el desarrollo sustentable de una actividad profundamente ligada a la identidad y al patrimonio cultural de Chiloé.

Fotografía: AmiChile.

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Y claro que importa, porque detrás del jurel no hay solamente barcos o plantas. Hay miles de trabajadores, familias completas, barrios enteros y comunas que dependen de esta cadena productiva. El Biobío no es cualquier región pesquera: Es la capital pesquera de Chile y la capital mundial del jurel. Eso no es un slogan inventado para un folleto. Es historia, empleo, desarrollo industrial y cultura de trabajo.

Hoy la crisis es real. Las cifras son durísimas. Según datos conocidos esta última semana, las capturas industriales apenas llegan al 28% de la cuota anual, cuando normalmente a esta altura del año deberían bordear el 60%. Cerca del 80% de la flota industrial permanece en puerto porque simplemente el recurso no aparece.

Pero más allá de las cifras, acá hay una realidad que se está viviendo en los puertos y en las plantas. Hay tripulaciones que pasan días completos navegando, gastando combustible, buscando biomasa, y vuelven prácticamente vacías. Hay trabajadores preguntando cuánto más aguanta esta situación. Hay turnos suspendidos y familias completas mirando con incertidumbre las próximas semanas. Eso no aparece en los debates políticos de Santiago, pero acá en el Biobío se siente todos los días.

Y lo más increíble es que recién ahora muchos parecen entender la importancia de esta actividad. Durante años fue fácil pegarle a la pesca desde oficinas, estudios de televisión o redes sociales, sin tener idea de lo que significa esta pega para miles de familias. Siempre se hablaba de la industria como si fuera solamente conflicto, pero cuando el pescado desaparece, ahí sí todos se acuerdan de que existimos.

¿De verdad necesitábamos una crisis para entender el valor que tiene la pesca para esta región?

Porque cuando el Biobío se mueve, gran parte de Chile también se mueve. Acá no estamos hablando solamente de barcos. Estamos hablando de astilleros, transportistas, mecánicos, frigoríficos, comercio local, puertos, pymes y miles de empleos indirectos que dependen de esta actividad. Cuando la pesca cae, no cae sola.

Y ojo: esta no es la primera vez que pasa algo así. Ya vivimos situaciones complejas con la sardina hace algunos años. También hubo temporadas donde el recurso simplemente cambió su comportamiento y la crisis golpeó fuerte. Por eso cuesta entender que todavía sigamos discutiendo la pesca como si el cambio climático fuera un tema secundario.

El mar cambió. Eso ya no es discusión ideológica ni teoría para seminarios, , eso ya lo sabemos hace rato quienes trabajamos arriba de un barco. Científicos vienen advirtiendo hace tiempo que las temperaturas del océano están alterando la distribución de especies como el jurel. Y sinceramente cuesta entender cómo la actual legislación pesquera todavía no incorpora con suficiente fuerza este factor.

Ahí hay una deuda gigante. La Ley de Pesca necesita modificaciones. Sí, hay cosas que mejorar. Pero si no incorporamos el cambio climático, la investigación científica y la capacidad de anticiparnos a estas crisis, vamos a seguir reaccionando siempre tarde.

No puede ser que recién empecemos a preocuparnos cuando los barcos ya llevan semanas buscando pescado sin resultados.

La investigación científica tiene que tomarse en serio de una vez. No puede seguir siendo algo secundario. Se necesita más monitoreo, más estudios sobre el comportamiento del recurso, más tecnología y más coordinación entre científicos, trabajadores y sector productivo. Porque al final los que terminan pagando estas crisis son siempre las regiones.

Porque la ciencia no puede seguir funcionando como un informe que se guarda en un escritorio mientras las regiones productivas enfrentan solas las consecuencias.

Y aquí también hay un llamado claro a los parlamentarios del Biobío. Muchas veces aparecen cuando hay crisis, declaraciones o cámaras de televisión. Pero defender la pesca no puede depender solamente de la contingencia. Esta región necesita representantes que entiendan que cuidar esta actividad también es proteger empleo, desarrollo regional y estabilidad para miles de familias.

Mientras algunos siguen discutiendo la pesca desde Santiago, acá estamos quienes vivimos de esto todos los días, arriba de un barco, en una planta o en un puerto, viendo cómo el mar viene cambiando hace años y cómo seguimos llegando tarde. Lo que necesitamos no son discursos ni aparecer solamente cuando hay crisis. Necesitamos certezas, estabilidad y una legislación que de verdad entienda lo que está pasando en el mar y proteja a las miles de familias que dependen de esta actividad en el Biobío.

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