“La actividad logística y portuaria precisa un marco moderno de relaciones laborales que favorezca la colaboración entre empresarios y trabajadores”. Esa fue una de las propuestas que entregó ayer la Comisión de Logística y Puertos a la Presidenta, Michelle Bachelet.
El objetivo del grupo liderado por el ex subsecretario de Economía, Álvaro Díaz, tenía como norte proponer medidas que permitieran a los puertos del país estar entre los 25 más competitivos del mundo al 2030.
En el documento “Logística y Puertos: una plataforma estratégica de desarrollo para Chile”, los expertos señalaron que se requiere recursos humanos y profesionales de calidad mundial y condiciones de alta seguridad laboral para su desempeño, así como un marco normativo que facilite la resolución de controversias y conflictos.
A juicio del grupo especializado, “este es el camino para superar la conflictividad laboral que ha caracterizado la cadena logística y portuaria, que en algunos lugares ha sido particularmente elevada”.
Un estudio de la Cepal dio cuenta que en el período 2010-2014, los puertos locales concentraron 46% de los días de huelgas del rubro en la región, registrando un total de 143 jornadas, equivalente a unos 4,7 meses.
La comisión calificó el marco normativo actual como disperso. “Existen al menos cinco normativas superpuestas que se expresan en reglamentos, dictámenes de la Dirección del Trabajo y regulaciones del Código del Trabajo relacionados con el sector”, señaló.
También remarcó que hay cuatro tipos de contratos de trabajo: permanentes; permanentes a plazo fijo; eventuales que tienen convenios con empresas de muelles, y eventuales puros, que no tienen convenios y sus contratos, en general, se suscriben de turno en turno.
“La situación varía en los puertos, aunque, en términos agregados, la contratación de ‘eventuales’ es la fórmula más extendida en el medio portuario. Sin perjuicio del debate sobre los orígenes de esta situación, la persistencia de este tipo de contratos puede generar conflictos que afectan la eficiencia de los puertos y sus cadenas logísticas”, sostuvo.
También propusieron que a partir de la Ley Corta Portuaria de 2014, se generen espacios de interlocución para evaluar la necesidad de perfeccionar el régimen laboral del sector mejorando las condiciones de seguridad, mayor productividad y calidad de trabajo basándose en normativas internacionales y explorando vías institucionales para resolver controversias entre empresas y trabajadores.
De acuerdo con Jorge Marshall, integrante de la comisión y presidente de la Cámara Marítima y Portuaria, “mucha de la conflictividad y de las ineficiencias que existen responden a que cada uno de los actores tiene una visión propia, que no dialoga con el resto y en ausencia de una visión común, solo queda el camino de la defensa de los intereses particulares por encima del interés social. Este informe es un esfuerzo por generar un sentido colectivo en el desarrollo de los puertos y su logística”.