Con el objetivo de prevenir serios daños al medio ambiente y a la salud de las personas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto con la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó el proyecto de ley sobre delitos ambientales que fortalecerá la institucionalidad del país.
La iniciativa funcionará como instrumento disuasivo de conductas graves contra el medio ambiente al sancionar penalmente con penas de cárcel para las personas que cometan el delito y fuertes sanciones a las empresas responsables. A su vez, se fortalecerá el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
El Presidente Piñera subrayó que el desarrollo integral debe ser sustentable e inclusivo, por lo que “es urgente y necesario contar con una legislación que tenga más instrumentos y más eficacia para prevenir, que es la labor fundamental, pero también para sancionar a aquellos que no respetan a nuestra naturaleza”.
La ministra Schmidt complementó que «este proyecto busca prevenir el daño al medio ambiente, estableciéndose sanciones. El foco de este proyecto es que todos seamos responsables al momento de cuidar el medio ambiente, por lo que establece que las empresas tengan mecanismos de control y seguridad para evitar impactos al patrimonio natural y sancionar a quienes lo provoquen».
La secretaria de Estado recalcó que este tipo de legislación, enfocada en prevenir y evitar la ocurrencia del daño ambiental, ha sido planteada por congresistas de todos los sectores, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad en general y es una de las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó en su Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile de 2016.
El detalle
En específico, el proyecto de ley establece que si se acredita el daño, se arriesgan sanciones de cárcel desde los 61 días a los tres años. Pero si este daño se realizara en un área protegida, la pena oscila entre los 541 días y los cinco años.
Además se establecen multas: para el daño fuera de un área protegida, va desde 501 a 700 UTM (entre $24,2 millones y $33,8 millones), mientras que si ocurre dentro de un área protegida, la multa es entre 801 a 1.000 UTM (de $38,7 millones a $48,3 millones).
El proyecto también incorpora los delitos ambientales en la Ley N°20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De esta manera, las empresas deberán incorporar a sus modelos de prevención del delito las actividades que generen riesgo de dañar gravemente el medio ambiente.
«El foco principal del proyecto es que las empresas tengan mecanismos de control y prevención frente al daño ambiental. Las sanciones irán a aquellas empresas que no cuenten con un modelo de prevención porque el objetivo central es que todos nos hagamos cargo de cuidar el medio ambiente», subrayó la ministra Schmidt.