La Contraloría General de la República estableció que en el país existen más de 50 áreas protegidas, terrestres y marinas, que carecen de monitoreo de biodiversidad y 54 que no cuentan con planes de manejo por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
El organismo fiscalizador analizó las acciones que han realizado dichos servicios para la implementación de las políticas de conservación de la biodiversidad relacionadas con la gestión de áreas protegidas, para evaluar sus condiciones normativas, institucionales, operativas y la contribución de la política nacional de áreas protegidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB).
El informe 381 de 2021 determinó que, entre las razones para la falta de monitoreo de la biodiversidad está la carencia de recursos financieros, personal y materiales de trabajo. Asimismo, se advirtió que no existen lineamientos comunes para elaborar planes entre los organismos involucrados, lo que dificulta contar con antecedentes que permitan compartir y determinar la efectividad de las acciones conjuntas.
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La auditoría también advirtió la ausencia de lineamientos y un marco regulatorio para establecer la relevancia del monitoreo de biodiversidad, así como también definir metodologías en común comparables entre sí. Tampoco existe concordancia entre la información levantada, objetivos de conservación y la efectividad de las acciones de control, prevención, vinculación y educación realizadas al interior del área protegida.
Otro de los hallazgos de informe tiene relación con que no se ha definido el sistema de indicadores para evaluar el estado de implementación de las metas del Plan de Acción de Áreas Protegidas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030. Esto ha dificultado el seguimiento de las acciones establecidas y la verificación del logro de sus objetivos, así como la identificación de obstáculos y lagunas que tienen incidencia en su monitoreo y evaluación.
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Además, se constató que la Superintendencia del Medio Ambiente no ha definido los criterios para identificar y evaluar el porcentaje del espacio abarcado por áreas protegidas que corresponde a superposiciones entre diferentes categorías de conservación. Lo anterior genera que los antecedentes presentados oficialmente a la Convención de Diversidad Biológica y a la ciudadanía no informen adecuadamente sobre el porcentaje de la superficie de su territorio terrestre y marino protegido por el Estado de Chile.
Fotografía: Contraloría