Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de alegatos modalidad presencial en la causa “Cooke Aquaculture Chile S.A con Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”, donde el origen de la reclamación responde a la RES Ex. N°1843 dictada por la SMA, el 20 de octubre de 2022, que decretó la medida provisional cautelar de paralización de siembra del centro de engorda de salmónidos (CES) Huillines 3, de Cooke Aquaculture Chile S.A., ubicado en el fiordo Cupquelán ya que, según la entidad, se encontraría dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. Por lo que la salmonicultora ingresó un reclamo al 3er Tribunal Ambiental para dejar sin efecto la Resolución Reclamada con expresa condenación en costas.
Cooke Aquaculture argumenta que el centro de cultivo se encuentra fuera de los límites del Parque Nacional Laguna San Rafael.
Además, señala que “no existe sobreproducción, ya que lo que contempla el Proyecto Técnico es el mínimo que se debe producir; el máximo es el determinado por Subpesca que autorizó lo peces que ya se encuentran sembrados y los que no se han podido sembrar por la medida de la SMA”.
Del mismo modo, sostuvo que “el centro cumple con los requisitos del Reglamento Ambiental para la Acuicultura y Funciona en condiciones compatibles con el medio ambiente y la capacidad de carga del cuerpo de agua. En consecuencia no existe riesgo para el medio ambiente”.
“La SMA dictó la medida de paralización del 20 de octubre de 2022 en medio del proceso de siembra, paralizando el traslado e ingreso de 170.000 salmones que se encontraban autorizados y listos para ser ingresados en el CES de mi representada. En efecto, a la fecha de dictación de la medida ya se habían sembrado 432.352 salmones de los autorizados por Subpesca y se encontraba autorizado por Sernapesca el movimiento de los restantes”, señala la defensa de Cooke.
Y apunta que los 170.000 salmones que no han podido ser ingresados al medio maríno únicamente debido a la medida se encuentran actualmente en una piscicultura de agua dulce. “Pero si no ingresas al mar en su debida oportunidad, estos revierten su condición y ya no pueden ser nunca ingresados al medio marino, debiendo en consecuencia ser sacrificados”.
La autoridad he definido un máximo de 90 días para sembrar los peces en el medio marino, contados desde el primer ingreso de ejemplares (artículo 23R del Decreto 319 de 2002 que aprueba Reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para especies hidrobiológicas). En el caso del CES Huillines 3 este plazo vence el día 3 de enero de 2023.
Así, si la medida decretada no se revierte antes de esa fecha, la compañía arriesga perjuicios por: US$703.135 por el costo a la fecha de los salmones que deberían ser eliminados; US$847.301 por el costo de dos jaulas y centros de cultivo inutilizados en los que no se puede sembrar; US$6.233.579 por el valor venta perdido de la cosecha de dichos 170.000 salmones.
SMA
En contraposición, la SMA argumentó que “el centro se ubica dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, cuyos límites marítimos pasaron a formar parte del área protegida”.
Y agrega: “El ordenamiento jurídico ambiental no permite aumentar la producción en los CES ilimitadamente solo por ser previo al SEIA. Se está sembrando una cantidad de peces que sobrepasa el umbral de 35 toneladas establecidas en el literal N3 del Art. 3 del RSEIA (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)”.
“El peligro en la demora está debidamente fundado, ya que la acuicultura puede afectar al medio ambiente marino, alterando las condiciones ambientales y generando efectos sobre la biodiversidad”, sostiene la SMA.
Fotografía: Referencial 3er Tribunal Ambiental.