El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, y gerentes de plantas de Talcahuano, Coronel y Tomé (en la Región del Biobío), se reunieron durante la mañana de este miércoles 5 de agosto con el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción (CPCC), Hernán Celis, para analizar la estabilidad y futuro del sector, producto de una serie de anuncios e iniciativas congresistas que buscan modificar la ley de pesca vigente, como la moción de los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD) que propone licitar el 50% de las cuotas.
El principal ejecutivo de la CPCC manifestó su preocupación por el complejo panorama que se visualiza para los pesqueros ya que, a su juicio, de prosperar estas acciones la industria pesquera podría desaparecer. «Como principal gremio productivo regional lamentamos el desconocimiento y lejanía que algunos actores políticos tienen de la realidad de regiones como la nuestra y apoyen iniciativas que en la práctica apuntan a la desaparición del sector pesquero industrial de la manera como lo conocemos en nuestra zona», argumentó Hernán Celis.
De la misma manera, el presidente de la CPCC sostuvo que comparten la sensación de «estado de alarma» que plantea el sector pesquero industrial, «dada la amenaza de intereses económicos poderosos externos que impulsan la licitación de los recursos pesqueros de nuestro país y modificar radicalmente las reglas del juego de este importante sector productivo y, de paso, desactivar uno de los puntales del empleo en esta zona», dijo Celis.
Por su parte, Luis Felipe Moncada afirmó que «hoy existe el riesgo real de que el sector pesquero industrial como lo conocemos desaparezca, debido a la presión de un lobby internacional millonario que ha logrado convencer a unos pocos legisladores para que la ley sea modificada drásticamente cambiando las reglas del juego que han permitido la proyección de nuestra actividad productiva. Nuestro sector no se opone a la revisión de la ley de pesca, muy por el contrario, nos oponemos a la licitación internacional, ya que traerá desempleo y pobreza para el país».
En ese sentido, Andrés Daroch, gerente general de Marfood con operación en Coronel, adujo que «los hechos de financiamiento irregular de la política que han afectado a una ex diputada y a un senador en el norte del país son graves, y deben ser investigados y debidamente sancionados si es que corresponde. Sin embargo, estos hechos no inhiben en absoluto la defensa de la actividad industrial legítima que desarrollamos en el centro-sur del país y que genera desarrollo y trabajo a más de 12.000 familias en esta parte de Chile».
Según lo detallado, a nivel nacional la actividad pesquera formal genera más de 36.000 empleos directos y la Región del Biobío concentra 8.000 de estas. Además dependen de su funcionamiento otras 377 pequeñas y medianas empresas (pymes), donde también trabajan otras 3.500 personas. «Hablamos de unos 12.000 trabajadores que viven hoy del sector pesquero industrial del Biobío. En la última década, la actividad pesquera -considerando pesca extractiva, reducción y consumo humano- ha aportado al país más de US$15.000 millones en exportaciones, siendo un sector que aporta activamente al desarrollo y crecimiento del país», ha argumentado Moncada en reiteradas oportunidades.
Tras la reunión, Hernán Celis formuló un llamado a «las fuerzas vivas de la Región del Biobío a tomar conciencia sobre lo que significaría para nuestra economía darle la espalda a la industria pesquera nacional y condenarla a desaparecer».