Durante varios años, Seafood Watch –entidad ligada al Monterey Bay Aquarium de Estados Unidos– ha estado trabajando en la creación de indicadores para la gobernanza del sector acuicultor a nivel global, considerando países como Noruega, Canadá, Escocia y, por supuesto, Chile. Dentro de ese contexto, la entidad elabora los “Aquaculture Governance Indicators” (AGIs), que tienen por objetivo proporcionar información sobre la forma en que los gobiernos, la industria y los grupos de la sociedad civil pueden realizar mejoras para una acuicultura sostenible.
Recientemente, el organismo publicó el documento “Informe de Síntesis de la Evaluación de los Indicadores de Gobernanza de la Acuicultura (AGI)”, enfocado en la acuicultura chilena y realizado a base de una evaluación realizada entre julio de 2019 y julio de 2020.
Según lo descrito en el informe, Chile es el segundo productor mundial de salmón de cultivo, produciendo también moluscos y algas, aunque los salmónidos constituyen, con mucho, el sector más relevante. “La recomendación más amplia de Seafood Watch para el salmón de cultivo chileno es Evitar (calificación roja). Según el informe de 2017, el problema crítico para el salmón Atlántico es el uso de productos químicos. Para el salmón coho, el uso de productos químicos y los escapes son los criterios de clasificación roja”, explicaron.
En cuanto a la gobernanza del sector acuícola chileno, se expone que la actividad –principalmente la industria del salmón– ha estado marcada significativamente por el brote del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) ocurrido entre 2008 y 2011. “Las respuestas a la crisis han dado lugar a cambios sustanciales y mejoras en el sistema regulatorio, así como a la colaboración de la industria. Sin embargo, el aumento continuo de la producción se ha asociado a desafíos en el manejo del uso de antibióticos y pesticidas. En 2016 también se experimentaron muertes masivas por floraciones de algas, lo que provocó protestas sociales. Aquello es indicativo de tensiones con los pescadores y las comunidades a nivel local”, manifestaron.
Respecto del régimen regulatorio de Chile, de acuerdo con el reporte, este se ha modificado y mejorado como resultado de la crisis sanitaria del virus ISA, siendo, el marco general, la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). También destaca el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas (RESA). De igual forma, se describe que la principal autoridad reguladora recae en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y a un nivel más operativo, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).
“En general, los roles y responsabilidades están claramente formulados en la ley. RAMA y RESA identifican roles específicos de agencias relacionadas con temas sanitarios y ambientales. La práctica puede mostrar una realidad diferente a la que está en papel, pero el cumplimiento es generalmente bueno”, dice el informe.
De igual forma, se destaca el interés de los acuicultores chilenos por la colaboración y coordinación, así como la adopción de normas y códigos voluntarios, como las certificaciones ASC y BAP. “Si bien en conjunto, los códigos y las normas cubren una amplia gama de problemas, el enfoque está a nivel de centro de producción, dejando los impactos acumulativos como una de las principales brechas”, sostiene el documento.
Para este trabajo, Seafood Watch evaluó la capacidad general de los miembros del sector para abordar desafíos ambientales, enfocándose en seis actores seleccionados: Sernapesca, Armada, Intesal, Aquabench, WWF y Oceana. Según lo informado, los actores se mostraron “muy abiertos a discutir temas” y que, sin duda, la crisis del ISA ha llevado a replantear muchos asuntos.
“A nivel nacional, los actores están bien organizados y cuentan con personal bien informado y bien conectado”, manifestaron. Añadieron que “los actores parecen estar muy conscientes de las diferentes posiciones, pero se ha indicado que la falta de confianza es una barrera para la deliberación abierta entre personajes con puntos de vista en conflicto”.
Sugerencias
En cuanto a recomendaciones, el documento dice que, en términos de legislación, “los desarrollos actuales muestran el reconocimiento de la necesidad de avanzar hacia una gestión basada en los ecosistemas. La atención legislativa, así como la implementación de medidas, con respecto a las interacciones, fugas e impactos acumulativos de la vida silvestre, podrían mejorar el sector”.
De igual forma, se expresa que “una mayor coordinación podría conducir a garantizar la coherencia y la complementariedad entre los códigos y normas voluntarios”. Mientras tanto, en términos de colaboración, “parece necesario incluir mejor a los actores de la sociedad civil, particularmente, en lo que respecta a los problemas a nivel local y regional. Esto probablemente signifique que los acuerdos de colaboración necesitan ampliar los objetivos que establecieron inicialmente, expandiendo el alcance para incluir temas controvertidos”.
Además, se menciona que “la falta de confianza o la voluntad de colaborar entre algunos actores con puntos de vista opuestos parece impedir la deliberación. La resolución de barreras abrirá espacio para la reflexión conjunta”.
Para mayor información sobre los Aquaculture Governance Indicators” (AGIs) visitar: https://www.aquaculturegovernance.org/.
También está la posibilidad de visualizar el siguiente seminario, “The big fish series”, realizado recientemente, donde se abordó el tema: