Hasta la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados concurrió la Agrupación de viudas y familiares de pescadores artesanales desaparecidos en el mar, de Talcahuano (Región del Biobío), para exponer sobre las problemáticas que han debido enfrentar durante años debido a la desaparición de quien, en muchos casos, era el sostenedor del hogar.
Ante la instancia, Edith Burgos, presidenta de la agrupación, explicó que quieren solicitar ayuda a nivel 
nacional y que se haga un protocolo de acuerdo entre las corporaciones de asistencia judicial del país, las secretarías regionales ministeriales (seremías) de cada región y el Registro Civil, para poder acreditar la desaparición de sus familiares.
«Hay viudas que han pasado 40 años sin que se les otorgue un certificado de muerte presunta de sus maridos, lo que es fundamental para cerrar una etapa del duelo y para realizar actividades jurídicas», argumentó.
De acuerdo con lo publicado en el sitio electrónico de la Cámara, Edith Burgos aclaró que también buscan que se entregue una pensión a las viudas y se les dé acceso a beneficios a aquellas mujeres que nunca pudieron postular a una vivienda, ni mucho menos a un mejoramiento de sus casas. De igual manera, becas a los hijos de pescadores desaparecidos que no pudieron continuar sus estudios, quedando en una total indefensión que los llevó a trabajar a temprana edad.
La dirigenta recordó que durante el año 2015 un grupo de diputados envió un proyecto de acuerdo para que se otorgaran los beneficios correspondientes a las familias afectadas, pero que hasta la fecha no han conseguido contar con la ayuda suficiente por parte del Estado, por lo que esta visita a la Comisión busca que se logre reforzar ese punto. «Queremos que nuestras viudas tengan una pensión digna y que el Estado recomponga lo que nunca hizo, ya que vulneró nuestros derechos esenciales», enfatizó.
Cementerios simbólicos
La agrupación también hizo mención a los cementerios simbólicos que se han creado en la Región del Biobío y que, según manifestaron, representan un lugar de recogimiento significativo para los familiares de las víctimas.
«Los cementerios son únicos en el mundo y nosotros contamos con el más antiguo, que lo sostenemos por tradición y, por lo tanto, nos sentimos dueños de ese lugar que nos pertenece y para el cual pedimos que el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo) nos dé el comodato de algo que hemos perpetuado por tanto años», puntualizaron.
El diputado radical José Pérez agradeció a la Comisión la acogida que le dieron a la agrupación y detalló que se ha tomado el acuerdo de oficiar a la ministra de Vivienda para que acelere el proceso de entrega del cementerio, que posee 3.000 metros cuadrados y donde se encuentran las sepulturas de los pescadores fallecidos.
De igual forma, puntualizó que se ha logrado avanzar en la entrega de diez certificados de muerte presunta, que se han dado en los últimos meses, pero el dolor que las familias llevan consigo es lo que no se ha podido reparar.
«Les he pedido que se organicen sobre el tema habitacional y que conformen un comité para que se les dé un trato preferente, tanto a las viudas como a sus familiares, para que puedan tener acceso a este beneficio del Estado», expresó el legislador.
Por su parte, los miembros de la instancia recalcaron una serie de acuerdos que se tomaron en función de dar cumplimiento al petitorio realizado por la agrupación y que contemplan la entrega de los certificados de muerte presunta, así como también, el acceso a los beneficios estatales.