(La Tercera) Más lento de lo esperado ha sido el trabajo que el Gobierno y la FAO pactaron para revisar los principales aspectos de la Ley de Pesca publicada en el Diario Oficial en febrero de 2013.
Retrasos en temas administrativos, como el pago por la asesoría de la entidad internacional, valor que asciende a US$ 101.361, es decir, unos $72 millones, hicieron que recién a fines de noviembre el organismo designara a los expertos que revisarán si la normativa chilena cumple con las buenas prácticas internacionales de sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero.
El trabajo se debe realizar en ocho meses, según consta en la resolución de transferencia de Fondos Fiduciarios Unilaterales (FFU) para la FAO, firmada el 13 de noviembre pasado.
Si bien inicialmente el Gobierno esperaba contar en los primeros meses de 2016 con información necesaria para poder tomar decisiones, esta semana recién se anunciará la agenda de trabajo de la FAO y los plazos para la entrega de los informes correspondientes.
Dentro de las actividades, se definió que la segunda y cuarta semana de abril serán las fechas en que la entidad realizará las consultas a los actores privados del sector, los que ya están trabajando en las propuestas que presentarán al organismo internacional. También se pactó para la primera semana de mayo abrir estas consultas a organismos científico-académicos, ONGs e instituciones públicas que estén interesadas en entregar sus recomendaciones para mejorar la normativa.
La revisión es parte de los compromisos del programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, proceso que fue ratificado en el discurso del 21 de mayo.