El 5 de junio pasado, entró en vigor el acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que establece las Medidas del Estado Rector del Puerto para desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Nuestro país está adscrito a este acuerdo desde 2012 y tuvo un rol importante durante su proceso de diseño, compartiendo también experiencia en algunas medidas que incluye el acuerdo y que Chile ya tenía incorporadas en su legislación desde hace más de una década. Así lo informó la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
En atención a este acuerdo, el presidente del Directorio de Ferepa Biobío, Hugo Arancibia Zamorano, dijo no estar muy convencido de la efectividad de estos acuerdos y de sus consecuencias para el país. “Obviamente que nos preocupa la entrada en vigencia de esta nueva norma internacional, en este caso, supuestamente, para el control de la pesca ilegal. Esto porque se han firmado muchos acuerdos que no han favorecido ni protegido precisamente al sector pesquero chileno. Un ejemplo claro, es lo que ocurre con la Organización Regional de Pesca (ORP), que regula las capturas de algunos peces a través de la asignación de cuotas de pesca y que, cuando entró en vigencia, el sector comenzó a perder derechos sobre ciertas pesquerías, como es el caso del jurel. Situaciones como estas siguen y seguirán pasando producto de tener un Gobierno que al parecer no valora mucho al sector pesquero chileno», apuntó el dirigente.
“Ahora, con este acuerdo se pretende prevenir las consecuencias de la pesca ilegal. Creo que el propósito tiene una tremenda relevancia, pues es situación que nos preocupa de sobremanera. No obstante, se necesita precisar, en primer lugar, que se abrirán los puertos chilenos para la llegada de flota extranjera a ocupar puertos de propiedad del Estado de Chile y que éstos podrán también descargar recursos para la venta generando una competencia desleal con las embarcaciones nacionales. En segundo lugar, no está claro el modelo de fiscalización que dichas embarcaciones tendrán, toda vez que el país no cuenta con instrumentos adecuados para su fiscalización, lo que significaría un remedio peor que la enfermedad”, mencionó el dirigente.
Agregó que “es por eso que creo que el Estado de Chile, a través de la Subpesca y del Ministerio de Economía, deben preocuparse de la pesca ilegal que se está produciendo en Chile antes de ir firmando convenios que en nada benefician al Estado, sino que generan grandes pérdidas pesqueras y económicas al país». Además, “¿cómo van a verificar que la pesca a descargar la extrajeron más allá de las 200 millas?”, se preguntó.
Hugo Arancibia sostuvo que, con la modificación del decreto supremo 123, que de alguna manera impedía la utilización de nuestros puertos protegiendo al sector pesquero chileno, se pone en serio riesgo la estabilidad laboral de los pescadores y claramente al patrimonio del país. En este sentido, llamó a toda la comunidad pesquera nacional a “exigir una entrega adecuada de información para conocer claramente los alcances de esta medida, que permita prever una situación contraria a este efecto”.
“Reconozco y me preocupa el enorme daño que genera la práctica de la pesca ilegal porque incide directamente en la escases de algunos recursos que hoy se aprecia, y en las posibilidades del amplio sector pesquero artesanal que vive de esta actividad a nivel país”, concluyó el representante de Ferepa Biobío.