La Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura informó que repudia enfáticamente todo acto de violencia que atente contra la integridad física y psíquica de cualquier funcionario y funcionaria del Servicio, como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
Según lo informado, en esta oportunidad, fueron atacados con violencia e intimidación tres funcionarios de la oficina del Sernapesca de Coronel (región del Biobío) por un grupo de aproximadamente 25 personas liderado desde un principio por la dirigenta de pescadores artesanales, integrante del Comité de Manejo de la Sardina Común y Anchoveta, Marta Espinoza. El grupo ingresó al interior de dicho recinto para recuperar el producto pesquero ilegal que había sido incautado por los funcionarios por no tener un respaldo que acreditara su origen legal, el cual, por lo demás, estaba siendo trasportado en un camión repartidor de gas con ausencia absoluta de refrigeración y sin cumplir ningún requisito para el transporte de producto congelado.
“Estos actos de ´justicia´ por mano propia realizados en pleno toque de queda, establecido por la pandemia, fueron presenciados y amparados públicamente por el alcalde de Coronel, Sr. Boris Chamorro”, dijeron los funcionarios de Sernapesca.
Añadieron que “consideramos inaceptable este atentado a la función pública ejercida por los fiscalizadores legalmente investidos para ella, quienes lo único que hicieron fue actuar en el marco de las atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigna y cumplir las obligaciones que la ley les impone. Respaldamos, desde ya, todas las acciones judiciales anunciadas por la Institución en contra de quienes resulten responsables”.
Los trabajadores también solicitaron a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) “que se revise la representatividad de la Sra. Marta Espinoza Ruíz en el Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta, dado que su actuar no se condice con el de un dirigente que dé garantías al sector de velar por el resguardo y sustentabilidad de las pesquerías, sino todo lo contrario, su actuar obedece a interese comerciales personales”.
“Asimismo, esperamos disculpas públicas del alcalde de Coronel, Sr. Boris Chamorro, por apoyar la autodefensa de las personas infraccionadas y obstaculizar un procedimiento de fiscalización pesquera, amedrentar con eventuales acciones judiciales en contra de un fiscalizador y actuar con abuso de poder al tratar de sobreponer su calidad de autoridad alcaldicia por sobre el actuar legítimo de los funcionarios del Sernapesca, organismo competente a nivel nacional para ejercer la fiscalización pesquera”, añadieron.
“Reiteramos nuestro repudio a este tipo de actos violentos en contra de la función pública, ejercida por funcionarios públicos que, por el solo hecho de desarrollar legítimamente el trabajo que le mandata la ley, se ven afectados en su integridad física o psíquica por este tipo de agresiones, delito que tiene aparejada una baja pena”, precisaron.
Los funcionarios de Sernapesca llamaron al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a continuar con la tramitación del Proyecto de Ley – Boletín N° 10208-07 que “Modifica los artículos 261 y 269 del Código Penal para sancionar a quienes maltraten de obra a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras”, presentado el año 2015 a raíz de los graves atentados que se sufrieron en la Región del Maule, oportunidad donde dos de sus autoridades fueron amarrados y enjuiciados en la plaza pública de la cuidad Constitución, y hechos posteriores acontecidos en la localidad de Iloca, donde funcionarios(as) de Sernapesca, del Servicio de Salud y Carabineros, tuvieron que refugiarse en las dependencias de estos últimos, para resguardar su integridad física.
“Con la convicción de que la gran mayoría de ciudadanos(as) y usuarios(as) sectoriales de la pesca artesanal no apoyan este tipo de actuar, decimos: basta de agresiones, basta de amenazas, basta del amparo de ciertas autoridades a quienes vulneran la ley, viven en la impunidad y se jactan de ello”, cerró la entidad.
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