(El Mercurio) A través de una moción legislativa, los diputados comunistas Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, con el apoyo de diputados del Partido por la Democracia (PPD) e independientes, han solicitado la nulidad de la Ley de Pesca que se aprobó en 2012 durante el gobierno de Sebastián Piñera.
La razón, según se estipula en el proyecto del Partido Comunista (PC), es que habría habido presión indebida durante su tramitación «sobre parlamentarios, ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por dicha ley».
En el texto, igualmente, se sostiene que fue una ley que se gestionó «bajo soborno y lobby indebido del empresariado pesquero». Se añade que es «una ley viciada, que carece de toda legitimidad ante la ciudadanía».
Al respecto, Gutiérrez aludió a la situación del senador Jaime Orpis y al proceso judicial que enfrenta con el caso Corpesca. «El senador Orpis reconoció que todas sus campañas habían sido financiadas por Corpesca. Eso es impresentable, por eso la necesidad de anular esta legislación», enfatizó.
En paralelo, la mesa de la Cámara de Diputados postergó para el próximo miércoles 20 de enero la votación en sala de su admisibilidad. Esta, sin embargo, estaba planificada para este miércoles. «Claramente no hay argumentos jurídicos» para su postergación, insistió Gutiérrez en cuanto a que habría señales «políticas» en rechazar la iniciativa.
Alerta en La Moneda
El martes pasado, en un almuerzo de bancada de la Democracia Cristiana (DC) junto al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, los diputados le pidieron que el Gobierno se pronuncie ante el tema. Allí, el diputado Matías Walker aseguró que el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha comentado que La Moneda podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC) si es que la mesa de la Cámara declarara admisible la propuesta comunista.
«El ministro de Hacienda nos ha transmitido que de declararse admisible, el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional, pero más bien el Gobierno debe evitar que prospere este proyecto, debe conducir y no puede tomar palco en el entendido que el PC es parte del Gobierno», aseguró.
Walker, además, explicó que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la figura de anulación de una ley, solo de una derogación. Lo mismo replicó el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín.
Walker y Larraín, en tanto, concordaron que en un escenario de derogación de una ley, se generaría una desregulación del mercado pesquero en Chile. El senador Larraín advirtió que primaría la «ley del más fuerte», en alusión a un contexto de «desorden» en el sector.
Según ha trascendido, en La Moneda y también en la conducción económica hay preocupación por el impacto que, de concretarse esta medida, se pueda provocar sobre la inversión.
En relación al caso de Orpis, Larraín recordó los dichos del senador UDI en cuanto que sus votaciones en esa ley fueron a «conciencia» y que no favorecieron a Corpesca.
«Esto es un prejuicio ideológico del Partido Comunista; esto fue aprobado en un Parlamento en forma democrática y adicionalmente con mayorías amplias por acuerdos políticos que se lograron en ese minuto», agregó el presidente UDI.
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