La iniciativa busca que no se contabilice como periodo inactivo aquel en que las y los pescadores no puedan trabajar, debido a los daños causados por las marejadas, evitando que sean eliminados del Registro Pesquero Artesanal por esta razón.

Los índices además apuntan a la baja del nivel de captura respecto del año 2019.

La Federación entregó su planteamiento formal mediante un oficio enviado a la presidenta de la Comisión de Pesca del Senado.

Tras los cuestionamientos, el Ejecutivo decidió dejar sin aplicación las resoluciones 690 y 910.

La iniciativa procedió a la  implementación de un sistema remoto de comunicación debido a la aparición del Covid-19.

La misiva está relacionada con la entrega de bonos por parte del Estado.

La acuícola-pesquera cerró 2019 con una cosecha de salmón de 58 mil toneladas, y una producción de jurel congelado 50% superior a 2018.

La propuesta, ratificada en tercer trámite en la Cámara, viene a enmendar la Ley de Pago a 30 días, en lo principal, para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de las facturas.

La discrepancia con el Senado radicaba en una norma impulsada por la Cámara de Diputadas y Diputados que limitaba el acceso del beneficio solo para los trabajadores de las pymes, en el entendido que las grandes empresas podían asumir el alza remuneracional. Con el rechazo, no habrá norma sobre ese punto.