«Para el gremio, lo ocurrido con la empresa pesquera Bahía Coronel es grave; son hechos que hemos condenado apenas conocimos los antecedentes y reitero que durante la próxima semana el directorio de la Asipes tomará medidas en base a los antecedentes que hemos solicitado formalmente al Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura)».
Así respondió el presidente de los Asociación de Industriales Pesqueros de la Zona Centro-Sur (Asipes), Luis Felipe Moncada, a la consulta del presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, Cristián Campos, durante el cierre de la intervención del representante gremial durante la tarde de este miércoles 7 de octubre en el Congreso ubicado en la ciudad de Valparaíso (Región de Valparaíso).
Moncada revisó ante los diputados las principales cifras de la pesca industrial de la zona centro-sur del país, el momento económico y laboral del sector, y los desafíos que enfrenta el gremio. Sostuvo que son 12.000 los empleos que genera el sector en la Región del Biobío, específicamente en las comunas de Talcahuano, Tomé y Coronel, donde operan 22 plantas. Y para asegurar el desarrollo de esta industria, el presidente de la Asipes insistió a los legisladores que es «fundamental contar con una ley de pesca centrada en la conservación del patrimonio pesquero nacional, lo que la ley actual hace entregando estabilidad en la reglas del juego; en definitiva, que tome en cuenta el impacto económico que significa la pesca industrial en las ciudades donde tiene operación».
Pesca ilegal
El gremialista aseguró que se encuentran participando activamente y asumiendo compromisos para lograr la sustentabilidad del sector y uno de los focos en que han puesto particular atención es el combate a la pesca ilegal, considerada por la autoridad como uno de los flagelos que afecta al sistema pesquero y que evidencia tendencias al alza.
El Sernapesca estima que entre enero y junio de este año, la extracción fuera de norma de merluza común aumentó en un 102% respecto del año pasado, alcanzando las 264 toneladas. «Los expertos coinciden que la pesca ilegal, no declarada y no reportada, es una de las principales barreras para lograr la sustentabilidad pesquera. Lo dicen numerosos informes internacionales, lo ratifica nuestra institucionalidad y lo vivimos quienes estamos en la actividad, preocupados por las futuras generaciones de la industria, sus trabajadores, sus familias y las pymes (pequeñas y medianas empresas) pesqueras asociadas con nuestro rubro», argumentó Luis Felipe Moncada.
Ley de pesca
De igual manera, el representante gremial reiteró la posición del sector frente a la revisión de la actual ley de pesca por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). «Estamos de acuerdo en mejorar la actual normativa a través de los canales formales que ha planteado el gobierno. Creemos que la revisión de la FAO es positiva y puede introducir mejoras, por nuestra parte estamos trabajando en una propuesta que incluye distintos aspectos, como mejorar las atribuciones para combatir y erradicar la pesca ilegal, asegurar la plataforma social para los trabajadores artesanales e industriales, más y mejor investigación pesquera, entre otros puntos», concluyó Moncada.