(La Opinión Coruña) El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) da un tirón de orejas a la Comisión Europea (CE) y a los Estados miembros por no conseguir un desarrollo sostenible de la acuicultura, y para ello saca a la luz la deficiente gestión de las administraciones, entre estas la gallega (España). En un informe sobre las ayudas del Fondo Europeo de Pesca (FEP) titulado Eficacia del Apoyo del Fondo Europeo de Pesca a la Acuicultura, el órgano fiscalizador acusó a Galicia de conceder ayudas a todos los proyectos que cumplían los requisitos mínimos -sin examinar su rentabilidad- y de planificar con retraso el litoral para su ubicación.
El TCE concluye que la tramitación que se hizo en la comunidad gallega de estas subvenciones no fue la correcta y así lo refleja en el documento, publicado el pasado 16 de septiembre y adelantado por el portal Economía Digital. Los auditores afirman que las leyes de la UE y de los Estados miembros fueron inadecuadas para alcanzar el objetivo de potenciar esta actividad y ponen de ejemplo a países como España (en referencia a Galicia y Andalucía), Portugal o Francia.
El documento recoge que el desarrollo sostenible de esta actividad quedó frenado por la falta de una adecuada ordenación del espacio marítimo. «La falta de planificación para facilitar el acceso al espacio merma las oportunidades del desarrollo empresarial en el sector», reza el informe, que añade que la situación se agrava si coincide con procedimientos de autorización complicados, un hecho que el propio sector denunció en más de una ocasión.
La tramitación de las ayudas es otro de los puntos en los que el TCE cita expresamente a la comunidad gallega y asegura que los fondos se repartieron de manera arbitraria y sin una selección rigurosa de los proyectos. «En España (Andalucía y Galicia) y Francia, como el presupuesto disponible (…) era superior al valor total de las solicitudes recibidas, se otorgó financiación a todos los proyectos que cumplían los criterios básicos (…). No se establecieron prioridades entre los proyectos por lo que aumentó el riesgo de que no se obtuviera rentabilidad», constata el documento, que añade ejemplos también de otros países como Polonia, Rumania o Italia.
En este documento el órgano fiscalizador europeo analiza si las medidas de apoyo a la acuicultura estuvieron bien concedidas y aplicadas por parte de la Unión Europea (UE) y de los Estados miembros entre 2007 y 2013 -en Galicia, coincidió con los dos últimos años del mandato del bipartito y el primero de Feijóo en el PP- y si el dinero del FEP se utilizó de forma rentable para contribuir al desarrollo sostenible de la actividad.
El TCE resalta que en Galicia no se otorgan nuevas concesiones desde 1985, pese a las solicitudes presentadas. «Aunque en el momento de la fiscalización no existía la ordenación del espacio marítimo y las autoridades autonómicas de Galicia habían encargado un estudio sobre la idoneidad de otros espacios marinos para el desarrollo acuícola, en la práctica la posibilidad de conseguir nuevos accesos ha sido muy limitada», recoge el informe.
Aprobación del sector
Los productores acuícolas concuerdan con las conclusiones a las que llegó el TCE. El gerente de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar), Javier Ojeda, espera que las conclusiones del documento repercutan en una mejora de la gestión. «Es un serio correctivo a todos los niveles, desde la CE hasta las administraciones autonómicas, encargadas de gestionar los fondos europeos», declaró Ojeda a La Opinión Coruña.
«Algo que no se tiene en cuenta es que el sistema de ayudas tiene impactos en el equilibrio empresarial del sector. Las ayudas no deben distorsionar la libre competencia, por lo que pedimos que la gestión de los fondos públicos sea transparente», apostilló el gerente de la Apromar.