La industria pesquera chilena ha vivido, desde hace un par de años, diversos ay agitados procesos, marcados por la aprobación, en 2013, de los cambios a la Ley de Pesca, cuerpo legal que, con posterioridad, ha sido blanco de numerosas críticas debido a su relación con hechos de financiamiento irregular de la política que se han ido conociendo poco a poco.
Este año 2018, la casa ha estado más ordenada. La nueva Administración del Presidente, Sebastián Piñera –con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme a la cabeza– partió el año informando que se presentaría un proyecto de Ley Corta, donde se modificarán algunos aspectos relacionados con la pesca industrial– y que más adelante se presentará un proyecto de Ley Larga, con modificaciones a más largo plazo, lo cual a algunos les ha gustado y a otros no.
Sin embargo, un tema que ha generado un sinnúmero de opiniones, reacciones e incluso movilizaciones este 2018 tiene que ver con la jibia (Dosidicus gigas). Las aguas han estado agitadas en el sector debido a la discusión, en el Congreso Nacional, de un proyecto de ley que busca determinar que el cefalópodo sea capturado solamente con línea de mano, un arte de pesca que, en la práctica, permitiría que sólo los pescadores artesanales accedan a él.
Los industriales se han mostrado altamente preocupados de esta situación, ya que se quedarían sin poder trabajar con este recurso que se ha convertido en todo un salvavidas para las plantas que han visto una constante disminución de la disponibilidad de merluza común.
Luego de meses de discusión, el pasado 18 de diciembre, el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) con el objetivo de regular la captura de la jibia, quedó tal como había sido aprobado en general por la sala del Senado; esto significa que “solo podrá ser extraída utilizando potera o línea de mano como aparejo de pesca. Y se prohíbe cualquier otro tipo de arte o aparejo”.
La iniciativa estudiada por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura estipula que los armadores que infrinjan la disposición serán sancionados con una multa monetaria de más de $24 millones (500 UTM), además del comiso de las especies hidrobiológicas y de los productos derivados de estas.
“El proyecto, en segundo trámite constitucional, procura disminuir el esfuerzo de pesca del recurso jibia o calamar gigante, mediante el favorecimiento de aparejos más selectivos, como son la potera o línea de mano, y la prohibición de todo otro arte o aparejo pesca”, subrayaron desde el Senado.
Cuando se supo la noticia, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), expresó que “lamentamos que se haya aprobado esta iniciativa que margina completamente a la industria de la captura de este recurso, ya que eso implica no sólo la destrucción de los empleos en mar, sino también en las plantas de proceso en tierra, debido a que no pueden mantener su actividad solo con abastecimiento artesanal, que opera solamente con buenas condiciones climáticas”, señaló la presidenta del gremio con base en el Biobío, Macarena Cepeda.
De acuerdo con los industriales, el sector artesanal es incapaz de capturar su cuota asignada, que asciende a 160.000 toneladas, dejando 40.000 en el agua. A esto se suma que un grupo importante de artesanales también sería marginado de esta actividad, ya que utiliza el arte de cerco, el que también será suprimido para la captura de la jibia.
De esa forma, la representante de Asipes hizo un llamado al Gobierno a “respetar el ordenamiento vigente y a actuar con prontitud. Este es un proyecto claramente inconstitucional, por lo que esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia con lo anunciado y cumpla con lo que ha prometido, es decir, que presente este proyecto al Tribunal Constitucional para su revisión”, afirmó la ejecutiva.
Los trabajadores de la pesca industrial, también se han mantenido atentos al asunto y el pasado viernes 21 de diciembre un grupo compuesto por más de 1.000 personas marchó por Concepción (región del Biobío). Los dirigentes han alertado que, de aprobarse la ley, se provocará la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo estables.
El presidente de la Federación de Tripulantes de Chile (Fetrinech), Sergio Vera, precisó que “esta manifestación es la llamada de atención a los parlamentarios de la región, que poco nos han ayudado. El Congreso fue negativo para nosotros en este trámite y lo único que nos queda es que el Gobierno cumpla con su compromiso de llevar este tema al Tribunal Constitucional. Nosotros vemos que el Parlamento no está actuando en relación a legislar hacia un país, sino que en beneficio propio”.
La posición del Gobierno
Tanto la Asipes como los trabajadores industriales coinciden en presionar al Gobierno para que declare el proyecto como inconstitucional. Esto se debe a que el subsecretario ha manifestado en varias ocasiones la oposición de la Subpesca a la iniciativa. En noviembre pasado, la autoridad, en una cita con trabajadores de la empresa Blumar, en Talcahuano, volvió a manifestar que “el proyecto es malo e inconstitucional”. Luego, subrayó que “el Gobierno tiene una postura clara y, en el momento oportuno, adoptará las acciones que correspondan”; dejando así la puerta abierta para que la iniciativa sea llevada al Tribunal Constitucional en caso de ser aprobada como ley en el Congreso.
Es así como esta historia, que hasta el momento se encamina a favorecer a los pescadores artesanales, está aún lejos de terminar, puesto que, a pesar de que el proyecto sea aprobado por los congresistas, puede que sea llevado a nuevos trámites que dilatarían o incluso podrían modificar por completo el panorama.