(La Tercera) Un nuevo nombre, nuevas oficinas en el centro de Santiago y si todo funciona de acuerdo con lo planeado, un renovado estatus le dará un proyecto de ley que prepara el gobierno. Esos son algunos de los cambios que vivirá el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC).
Es un organismo público-privado que nació durante la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet y que tuvo al actual ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, como su primer presidente. Ahora, ese sitial lo ocupa Gonzalo Rivas, quien conoce el tema de cerca, ya que fue vicepresidente de Corfo y jefe de la división de ciencia y tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros cargos.
Rivas desembarcó en el consejo con el mandato presidencial de darle un nuevo impulso y ampliar su rango de acción. “La innovación ha estado enfocada principalmente en la competitividad, en lo económico, y ahora estará también al servicio de los problemas sociales y ambientales”, adelanta el nuevo presidente.
Si bien lleva dos meses en funcionamiento bajo el nuevo gobierno, la primera sesión del consejo está fijada para el 19 de junio y, precisamente, en La Moneda, porque será allí donde los ministros de Hacienda, Economía, Educación y Agricultura hablen sobre los desafíos que tiene esta entidad y sobre el rol clave que tendrá en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que lanzó el gobierno. De acuerdo con esa hoja de ruta, los miembros del consejo serán los encargados de definir cuáles son las áreas y sectores donde Chile tiene potencial de crecimiento, pero siempre con una mirada de largo plazo.
La apuesta del Ejecutivo es formalizar este organismo vía proyecto de ley. Con ello, “se busca que el consejo trascienda los gobiernos y que no cambie de acuerdo a quien sea el presidente de la entidad de turno. Es importante para definir las responsabilidades y atribuciones del mismo”, explica Rivas.
Pero este no es el primer intento. En rigor, el tema lleva diez años de tramitación en el Congreso, sin poder ver la luz.
Larga vida y tramitación
La historia del Consejo de Innovación es tan larga como imbricada. De hecho, hay que remontarse a mediados del gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, cuando los efectos de la crisis asiática aún se sentían sobre la economía. Ahí se asentó la convicción de que el país seguía enfocado en la extracción y venta de recursos naturales, sobre todo del cobre. Y empezó a aparecer la necesidad de una mayor sofisticación, lo que se tradujo en productividad e innovación. Eyzaguirre, en ese entonces ministro de Hacienda, recorrió varios países y tomó nota de las experiencias de naciones desarrolladas que habían crecido en base a productividad.
Fue así como al final del gobierno de Lagos, con la idea de generar recursos para invertir en nuevas áreas alternativas al cobre, se aprobó un impuesto específico a la minería metálica -conocido como royalty-, que afectó principalmente al cobre. Se generó de este modo un ingreso permanente y la pregunta que vino fue qué hacer con esos recursos. La respuesta no se hizo esperar: crear un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que a su vez requirió de un plan para poder gastarlo. Esto último dio origen a la creación de una comisión presidencial, en noviembre de 2005, que fue precursora del Consejo de Innovación.
Presidida por Edgardo Boeninger, esa comisión reunió a empresarios como Juan Claro, científicos y economistas y propuso las bases para una estrategia de innovación, que se entregó al gobierno en febrero de 2006. Esta fue descrita en el llamado “Libro verde”. La comisión, además, señaló que debía existir un consejo, de Estado, que se hiciera cargo de orientar esa actividad.
En 2005, para dotar de una institucionalidad tanto al Consejo de Innovación como al FIC, se envió un proyecto de ley al Congreso. Pero éste no avanzó, porque se desató una disputa por los fondos con las regiones del país. El punto de conflicto era cuánto se llevaría cada región de las platas del royalty. Como la ley del consejo estaba asociada a la del fondo, su tramitación también se entrampó. Una de las objeciones que tenía el mundo científico y académico, por ejemplo, era que la aproximación del consejo era muy económica.
A comienzos del gobierno de Michelle Bachelet, como no existía una ley, la entonces Mandataria creó el Consejo de Innovación por decreto de ley. Este fue presidido por Nicolás Eyzaguirre -que había dejado de ser ministro- e integrado por un grupo de economistas, académicos, científicos y empresarios. La misión fue crear una estrategia de innovación para gastar los dineros del FIC y orientar el resto de la política y recursos que el país destinara a innovación. Esta fue plasmada en los volúmenes 1 y 2 del llamado “Libro blanco”.
Así, el Consejo de Innovación nació como una línea presupuestaria del Ministerio de Economía, aspecto que se mantiene hasta hoy.
Al igual que el FIC, el consejo formó parte de una partida específica en el presupuesto de cada año, cuyo tamaño fue creciendo en el tiempo, durante el primer gobierno de Bachelet. En paralelo, el Ejecutivo envió otro proyecto de ley, con modificaciones, que volvió a entramparse en el Congreso.
Mientas tanto, el consejo continuó operando por cuatro años, por decreto. A los dos primeros de Eyzaguirre siguieron dos más a cargo de Eduardo Bitran. Bajo la tutela del ex ministro de Obras Públicas se implementó la política de cluster que, entre otros temas, había sido propuesta en el “Libro blanco”. También se publicó la Agenda de Innovación para el período 2010-2020. Esta revisaba la estrategia de innovación presentada por Eyzaguirre e incluía nuevas propuestas para avanzar en ese campo.
El capítulo Flores-Piñera
Otro apartado de esta historia se escribió en la administración del ex Presidente Sebastián Piñera. Al cambiar la coalición de gobierno, la pregunta que surgió fue si se le daría continuidad al Consejo de Innovación.
Y la decisión fue mantener la política de innovación, con algunos cambios, pero dándole continuidad al FIC. Así, el ex mandatario designó a Fernando Flores como presidente y le encomendó renovar la mirada sobre la innovación en Chile.
Flores advirtió que la tarea pendiente del trabajo de Eyzaguirre y Bitran era darle una mirada de “cultura de innovación”. Y decidió imprimirle ese sello. Después de una revisión de tipo más humanista sobre cómo ocurre la innovación, Flores publicó un libro que cambió el discurso más económico y empresarial que traía el consejo. Esto chocó con las expectativas de Piñera, quien esperaba recomendaciones concretas en materia de innovación, que pudieran traducirse en políticas públicas. Esta diferencia generó un quiebre entre ambos durante el último año de gobierno, que ubicó a la entidad al centro de la polémica. El saldo fue que el organismo perdió el peso específico que había tenido en administraciones anteriores.
De hecho, así lo comenta Rivas, quien además explica que bajo la administración de Flores, “el consejo básicamente se preocupó de cómo expandir la cultura de innovación en el país y muy poco del tema de política pública”. Añade que ese foco, “no es malo en sí, es bueno e importante, pero no a costa de lo otro”.
Ampliar la mirada
Al asumir como presidente, Rivas encontró un Consejo de Innovación prácticamente desmantelado. “Perdió sus oficinas, se le redujo el presupuesto”, sostiene el presidente. Y revela algunas cifras: durante el gobierno anterior, “tenía $ 1.200 millones en régimen y cayó a $ 250 millones de un año a otro. Lo que entiendo es que al ex Presidente Piñera no le gustó el informe que hizo Fernando Flores y decidió reducir drásticamente el presupuesto al consejo”, comenta Rivas.
Hoy, el organismo está albergado transitoriamente en Economía, en la Torre 2 de Santiago Downtown. Pero Rivas adelanta que están tramitando una modificación presupuestaria para este año. Eso les permitirá disponer de un lugar propio, contratar más personal y tener recursos para hacer los estudios necesarios para echar a andar la operación.
Cambio de nombre
En esta nueva etapa, la entidad se llamará Consejo de Innovación para el Desarrollo. Pero más allá del cambio de nombre, “le estamos cambiando el sentido, ampliando el foco. Creemos que la innovación no está sólo al servicio de los desafíos empresariales, sino hay que ver temas sociales, medioambientales y de salud”. La idea de fondo es que existe un amplio abanico de temas para los cuales se deben generar innovaciones, de manera de crear soluciones creativas que agreguen valor. Rivas lo explica así: “Esto tiene que ver también con mejor calidad de vida y cómo poner la innovación a favor de gente que muchas veces no tiene voz”.
Ejemplos de lo anterior, indica, hay muchos, pero basta con ver los problemas que existen con las viviendas sociales o el tratamiento de residuos en la minería del Norte Grande.
Un segundo eje de acción es la selectividad, que tiene relación con la agenda que lanzó el gobierno. Rivas cuenta que el primer paso será “superar el debate sobre la selectividad, que es ideológico e impide generar masa crítica, porque lo importante es saber cuándo intervenir y cómo”, sostiene.
El tercer objetivo es superar “la estéril disputa entre quienes piensan que la ciencia debe ponerse principalmente al servicio de la industria y quienes abogan por una ciencia pura”, cuando existe un amplio espacio para converger, explica Rivas. Para ello se establecerán puentes de diálogo entre la comunidad científica, actores empresariales, sociales y el sector público. “La idea es tener propuestas consensuadas entre estos mundos”, acota.
Otras visiones internas
El Consejo de Innovación está formado por 17 miembros, gran parte de ellos elegidos por el presidente. Además, lo integran cuatro ministros y dos invitados permanen- tes, entre ellos, el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran. El personero señala que este consejo debe convertirse en una “instancia de reflexión estratégica” sobre la capacidad de innovación y la competitividad de Chile. Esto último, añade, con el fin de generar una visión compartida en la sociedad sobre las prioridades en investigación, capital humano, transferencia y difusión tecnológica, “necesarias para hacer una inflexión a una economía más basada en el conocimiento”. Bitran añade que participan actores relevantes de la sociedad chilena, “lo cual genera un espacio para obtener consensos de largo plazo sobre la prioridad de avanzar en innovación”.
Para Claudia Bobadilla -también miembro del consejo-, éste debe ser “una instancia estratégica para el desarrollo del país en tanto organismo participativo y articulador de visiones y conocimiento con vocación por la innovación”. Es más, indica que dado que “el desarrollo de políticas, prácticas y de una cultura pro innovación se inserta en un entorno definido por la complejidad, no basta con la mirada de un sector, sino que deben existir espacios transdisciplinarios y participativos”.
Alvaro Fischer, presidente de Fundación Chile y miembro del consejo, cree que la entidad “no ha logrado todavía establecer una manera más madura de caminar hacia el futuro”. Desde su perspectiva, “ha estado intentando en las últimas dos presidencias distintas maneras de hacerlo y dependerá mucho de cómo se plantee la ley y cuál es la institucionalidad que se le quiere dar, para saber cómo va a ir hacia adelante”.
Fischer sostiene que la relevancia del organismo va a depender de la importancia que le dé el gobierno al consejo. “Estaba pensado originalmente como un consejo asesor, esa es una labor. Hay otros que piensan que debe ser un lugar donde se generen nuevas capacidades habilitantes o directrices. Son dos maneras distintas de verlas”, concluye.