La Sala de la Cámara aprobó a fines de octubre pasado, el proyecto del Ejecutivo que fija un nuevo fracciona miento entre el sector pesquero artesanal e industrial. Este será de carácter permanente y afectará a las cuotas globales de captura de diversas pesquerías.
El texto, enviado a segundo trámite, espera abarcar la captura, extracción, caza, recolección y acuicultura, tanto dentro de la jurisdicción nacional, como en alta mar. Dicha división se fija separadamente de la Ley de Pesca, que se tramita en el Congreso Nacional, y en esta la mayoría de las pesquerías se le otorgó más porcentaje a la pesca artesanal.
Lo anterior, sin embargo, desde el sector industrial argumentan que afectará gravemente el desarrollo de la actividad e, inclusive, a la seguridad alimentaria.
“Este proyecto impacta a todos los actores de la industria, ya que introduce modificaciones que trascienden el fraccionamiento, afectando las operaciones tanto de la pesca artesanal como industrial en casi todas las regiones del país”, manifiesta el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.), Felipe Sandoval.
Y añade que, “de aprobarse en los términos que salió de su primer trámite, el nuevo fraccionamiento conllevaría, por ejemplo, el término de funciones de plantas y barcos, perjudicando empleos estables y de calidad”.
Del mismo modo el gerente de Pesca de Blumar, Ignacio Mir, enfatiza que “el principal impacto es la pérdida de certeza jurídica en un contexto de desconfianza institucional grave. Esta ley, tal como está planteada, desconoce los derechos otorgados por el estado de Chile a los distintos actores del mercado y que se mantienen vigentes hasta el 2032”.
Agrega que la sostenibilidad no está solo en la captura, sino en el destino de los recursos pesqueros. “Quienes respaldan este proyecto han querido pasar por alto que la flota del sector artesanal, al menos en el caso del jurel, destina el 100% de sus desembarques a la producción de harina de pescado, producto de la falta de sistemas de frío a bordo y en este sentido, disminuir la pesca dirigida al consumo humano, en un contexto de crisis climática y creciente escasez de proteínas, es una decisión regresiva. Además, el proyecto ignora problemas reales como la pesca ilegal, que genera enormes daños ambientales y económicos. Si no se corrige, este proyecto comprometerá los avances logrados en sostenibilidad y afectará negativamente tanto a las comunidades como a la seguridad alimentaria”.
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Fotografía: Archivo Blumar.