Luego que este martes 19 de enero la Mesa de la Cámara de Diputados aprobara la admisibilidad del proyecto que busca anular la Ley de Pesca, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), a través de su presidente, Alberto Salas, manifestó su completo rechazo a la iniciativa.
El gremialista enfatizó que ven «con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas».
Junto con sostener que «ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes», Salas formuló un llamado a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) «para poner fin esta moción inconstitucional e ilegal, y que constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico».
De igual manera, dijo que la CPC «confía en que el Gobierno tomará también las acciones necesarias» para evitar que el proyecto continúe su trámite legislativo.
Sofofa
Sumándose a las declaraciones de su par de la CPC, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, también formuló un llamado a recurrir al Tribunal Constitucional.
El timonel de los industriales argumentó que la iniciativa carece de «toda legalidad» y que marcaría un precedente «sumamente negativo» para futuras leyes. «Nos preocupa la transgresión de esta iniciativa a la normativa vigente y su impacto en la seguridad jurídica. Esta es una ley que cumplió con todos los trámites legislativos correspondientes, siendo el mismo Congreso quien la aprobó por mayoría y donde se determinaron las condiciones bajo las que operaría el sector en los próximos años», subrayó Hermann von Mühlenbrock.
En ese sentido, el gremialista dijo que «desconocer ese trabajo no solo marca un precedente preocupante para otras leyes, sino que enloda todo el trabajo legislativo realizado por los parlamentarios que conforman ambas Cámaras y que analizaron, mejoraron y aprobaron esta ley».
Para cerrar, el presidente de la Sofofa puntualizó que «para dar garantías a los inversionistas chilenos y extranjeros, el gobierno debe recurrir al TC, ya que este tipo de medidas no generan ningún beneficio para el país».
En tanto, durante la tarde de este miércoles 20 de enero, Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, Fomento y Turismo, cartera que regula al sector pesquero, también calificó de «inconstitucional» la moción y dijo esperar que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados «así lo determine».