Hace 17 años, interesada en el potencial de la mitilicultura en Chile, la familia Leiro –proveniente de España– fundó en la Isla de Chiloé (región de Los Lagos) la empresa Toralla, la que se ha convertido en una de las principales productoras y exportadoras de mejillón en el país, con una importante planta de proceso en las cercanías de Chonchi. Por años, la compañía trabajó tranquila. Eso hasta que a partir de 2014 comenzó a vivir una situación que la ha mantenido en vilo hasta la fecha y que tiene estrecha relación con la promulgación de la Ley Lafkenche, que entrega a las comunidades indígenas los ya conocidos Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPOs).
De acuerdo con lo relatado por el gerente de Toralla, José María Escobar, hace tres años apareció un dirigente indígena que comenzó a poner sus ojos sobre la operación de la compañía, solicitando todo tipo de fiscalizaciones y que estaría interesado, fundamentalmente, en obtener medios económicos. Luego, este dirigente solicitó formalmente un ECMPO, a partir de lo cual habría incrementado sustancialmente la suma de dinero para dejar que la compañía opere: nada menos que $300 millones.
Fue entonces (noviembre de 2016) cuando la empresa interpuso una querella criminal por extorsión, hostigamiento e incluso intento de incendio (a la planta de proceso) en contra del dirigente y contra todos quienes resulten responsables.
En ese entonces, Escobar aclaró que “han cuestionado nuestro tratamiento de desechos, a pesar que hoy en Chile existe una normativa muy rigurosa sobre el tratamiento y disposición final de estos, que hemos cumplido a cabalidad. Todo desecho que genera nuestra planta de proceso es debidamente tratado. Nuestros Riles y emisario marino son periódicamente monitoreados y los reportes son remitidos a la autoridad ambiental, sin contar hasta ahora con ninguna infracción a la norma; de hecho, trabajamos constantemente en introducir mejoras a nuestros procesos, con el fin de contribuir al mejoramiento medio ambiente, así también con las exigencias que hemos asumido a propósito de nuestras certificaciones internacionales”.
Hoy, el conflicto continúa bajo la justifica ordinaria y la semana pasada se efectuó la formalización del individuo, quien quedó con medidas cautelares, entre las que se cuenta con una orden de alejamiento de la empresa.
Consultado recientemente sobre esta situación, el gerente de Toralla expresó que “estamos más tranquilos, pues la ley ha empezado a actuar. Lo complejo es que los hechos deben ser demostrados y no es tan fácil”.
Modificar la ley
Durante un encuentro para discutir la Ley Lafkenche organizado por la Sofofa y otros gremios y que tuvo lugar hace unos días en Puerto Montt (región de Los Lagos), José María Escobar expuso el sentir de la empresa. “Aquí los políticos deberían plantearse la posibilidad de ingresar una modificación a la ley, en lo que respecta, por ejemplo, a la fijación de tasas, de modo que exista una barrera en el espacio que se entrega. Solicitar 200 há es impensable para un privado”, sostuvo.
Reconoció que parece complejo modificar la ley, pero al menos, a su juicio, “habría que trabajar en su renovación. No es posible que una empresa tenga que esperar seis años porque hay una solicitud (de ECMPO) en trámite. Yo sería partidario de que exista igualdad ante la ley, que todos corramos en la misma pista”.
Añadió que aquí no solo hay inversiones en juego, sino que también miles de puestos de trabajo. “En nuestro caso, estamos hablando de 1.300 empleos. Eso debería hacer reflexionar a todos los actores del borde costero. Deberíamos alzar la voz para que se sepan las cosas de verdad. Esta ley, desgraciadamente, mal utilizada, da lugar a abusos, da pie a la extorsión y amenazas; esa es la realidad”, concluyó el ejecutivo.