Este miércoles 18 de octubre se celebró en el hotel Cumbres de Puerto Varas (región de Los Lagos) una nueva edición del encuentro internacional de acuicultura Aqua Forum 2017, organizado por TechnoPress, empresa del Grupo Editorial Editec. En la ocasión, uno de los temas tratados tuvo relación con los efectos de la Ley Lafkenche, la cual ha provocado una alta preocupación entre los acuicultores nacionales. Aquí, se trató de vislumbrar posibles caminos a seguir en un problema que, para muchos, parece entrampado.
El primero en exponer su punto de vista fue el sociólogo y gerente general de Fundación Chinquihue, Claudio Pérez, quien manifestó que este asunto tiene que ver con “cómo regulamos el uso de un espacio que es compartido”. A su juicio, esta ley puede tener interpretaciones equivocadas que están causando molestia en algunos sectores e incluso fraccionamiento entre las mismas comunidades, pero la clave, para él, estaría en generar instancias de diálogo y en aumentar la certeza jurídica, socializando de mejor forma los alcances de la ley.
En tanto, el abogado especializado en temas indígenas y fundador de Sebastián Donoso & Asociados, Sebastián Donoso, dijo que el objetivo de la ley y sus propósitos, en general, es compartido, pues la mayoría está de acuerdo con que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios. “Lo complejo viene después, con cómo hacemos ese reconocimiento”, sostuvo.
Según su análisis, el cuerpo legal tiene varios problemas en su aplicación, como es la falta de análisis inicial de suficiencia o pertinencia de las solicitudes, la excesiva duración de las suspensiones, la demora en la confección de los informes de la Conadi y la inhibición o mal ejercicio de facultades de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUCB), entre otros aspectos.
Lo ideal, dijo el abogado, sería asegurar que la ley se aplique velando por la convivencia armónica entre todos los actores del borde costero. Respeto de introducir cambios en el cuerpo legal, reconoció que es complejo, ya que eso requiere de consulta indígena previa. Por eso, por el momento, la clave también, para él, estaría en el diálogo, el cual no siempre es fácil, pero en ocasiones resulta beneficioso, como ocurrió con el espacio “Mañihueico Huinai”, donde numerosos actores se pusieron de acuerdo.
El abogado de Empresas AquaChile, Alvaro Varela, por su parte, criticó que esta ley, en su génesis, fue ampliamente apoyada por los diversos sectores políticos, pero sin que se convidara al sector salmonicultor a participar. Hoy, expuso, el cuerpo legal es rechazado por numerosos actores, tanto del sector acuícola, como de la pesca artesanal, turismo, puertos y otras industrias.
Según sus palabras, urge efectuar una revisión a la ley, por más difícil que parezca. En ese sentido, llamó a los salmonicultores a alzar la voz y discutir sobre el tema, haciendo patente a las autoridades que esta normativa no satisface a gran parte de los usuarios del borde costero.