Luego que el Gobierno presentara al Congreso una propuesta de una nueva regulación pesquera, desde el centro de investigación y estudios privado Libertad y Desarrollo (LyD) destacan que hay elementos positivos, como el reforzamiento del rol de los Comités Científicos en la determinación de las cuotas respectivas.
Mientras tanto, en el otro extremo, la reducción de la duración de las licencias a solo diez años y la redistribución desde el sector industrial al artesanal son consideradas como malas ideas, lo que generará un gran debate parlamentario.
La actividad pesquera, según el mensaje del Gobierno, genera 139 mil empleos directos e indirectos en el año 2022. El empleo directo de ese año superó los 78 mil puestos de trabajo, de este total la pesca artesanal representa el 62%.
De esta manera, dada la relevancia de este sector productivo en la economía del país, desde LyD afirman que es necesario analizar los principales elementos de la propuesta gubernamental, partiendo por la relevancia del rol de los científicos en la determinación de la cuota de pesca, la modificación de las características de las licencias de pesca y, por último, la reducción de la fracción industrial en favor del sector artesanal.
El economista senior de LyD, Tomás Flores, en conversación con Medios AQUA, comentó que “la propuesta gubernamental reduce a diez años la duración de las licencias, hoy en 20 años, lo que claramente es insuficiente para amortizar las inversiones requeridas, quedando el guarismo totalmente desalineado con lo vigente en otros sectores regulados. Adicionalmente, la autoridad plantea la reducción de la proporción asignada al sector industrial y transferirla al sector artesanal”.
“Estas redistribuciones políticas pueden tener resultados nefastos, como el acontecido con la pesquería de la jibia, en donde finalmente el desembarque artesanal actual es inferior a la cuota autorizada, lo que resultó en la consiguiente pérdida de inversiones y empleos», añadió Flores.
Fortalecimiento de la ciencia
LyD destaca que la aprobación de la Ley de Pesca en 2013 y la puesta en marcha de los Comités Científicos Técnicos y los Comités de Manejo, han permitido que la orientación científica en la toma de decisiones haya logrado que varias pesquerías hayan exhibido una significativa recuperación, considerando que estos son recursos naturales esencialmente renovables.
De hecho, al comparar la situación de estas 17 pesquerías entre 2010, antes de la ley del 2013, y 2022, se aprecia una reducción de recursos catalogados como Agotados –bajando de cuatro especies a dos-, así como una paulatina convergencia hacia la situación de Plena Explotación, lo que implica que el recurso está en un punto de eficiencia que permite, equilibrar su explotación y la sostenibilidad del recurso.
Sistema de subastas
Respecto de cómo afectaría a la industria nacional el sistema de subastas de cuotas de captura que propone el Ejecutivo, el economista de LyD sostuvo que “la evidencia internacional demuestra que los pocos países que han adoptado sistemas de subastas para la asignación de cuotas pesqueras han sido experiencias poco exitosas (Rusia, Estonia, por ejemplo). Asimismo, los casos excepcionales de subasta que han existido en nuestro país para pesquerías más pequeñas, sus resultados demostraron altos niveles de concentración”.
En cuanto a cuáles serían los aspectos positivos de la actual Ley de Pesca y Acuicultura, Tomás Flores destacó que “el proyecto de ley refuerza con mayores recursos uno de los elementos fundamentales de la ley vigente: el rol de la ciencia para la administración, conservación y asignación de los recursos pesqueros, lo que ha permitido que la orientación científica en la toma de decisiones haya logrado que varias pesquerías hayan exhibido una significativa recuperación”.
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Fotografías: Archivo MSC y LyD.