Luego que se conociera que el Gobierno ofreció un total de $900 mil pesos como bono para los afectados por el actual fenómeno de marea roja -el que estaría dividido en tres cuotas. La primera de $400 mil y dos pagos posteriores de $250 mil-, el cual fue rechazado por los pescadores, durante la tarde de este lunes 9 de mayo volvió a hablar el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para comunicar que, «a pesar de no haber llegado todavía a un acuerdo», comenzarán a entregar el bono.
«Se trata de un aporte solidario dividido en un primer pago de $300 mil y de otros tres bonos de $150 mil cada uno ($750 mil en total)», que será depositado en la Cuenta RUT de las personas en condición más vulnerable -para quienes no tengan, se les creará-, detalló Céspedes, justificando la decisión en que «como Gobierno debemos actuar responsablemente con quienes se han visto más afectados y que llevan semanas sin recibir ingresos».
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Consultado sobre por qué el monto se reduce de $900 mil a $750 mil, argumentó que «dicho compromiso se había dado en el marco de la búsqueda de un acuerdo, el cual no se ha logrado. Y toda negociación tiene un límite de tiempo (…) Tenemos caminos tomados, carreteras bloqueadas, es decir, estamos en un escenario que está impactando no solo a las familias que están afectadas por la marea roja, sino también a aquellas que se encuentran en lugares aislados donde existen problemas de abastecimiento», enfatizó el secretario de Estado.
Y, tal como mencionó el mediodía, reiteró la voluntad del Ejecutivo por «sentarse a dialogar, y de ir en ayuda de las familias que lo están pasando mal».
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Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, explicó que el bono es para un segmento de pescadores artesanales con registro y que a su vez tienen descargas retiradas en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); y también, puntualizó, «hacia el área de personas que realizan actividades anexas a la actividad pesquera».
«Migajas»
Las mujeres y hombres de mujer que encabezan las negociaciones, en tanto, esperan el pago de un bono de $300 mil mensuales por todo el tiempo que dure el fenómeno y «sin filtros ni requisitos».
Específicamente, pidieron $300 mil como bono de término de conflicto y cinco bonos sucesivos por un monto de $300 mil, ya que consideran que «las aguas no estarán limpias de toxinas por al menos cinco meses».
Es así que tras conocer la decisión del Ejecutivo de hacer entrega de los recursos sin haber acuerdo, Julio Cárdenas, dirigente de los pescadores, subrayó que «nuevamente nos están tirando migajas. Ahora todo lo que pase en adelante será responsabilidad del Gobierno», advirtió, precisando que los bloqueos se mantendrán.
De igual manera, aseguró que la mesa de diálogo no se ha roto. «Seguimos dispuestos a trabajar con ellos en la búsqueda de una solución en un escenario que fue provocado por el propio Gobierno», manifestó Cárdenas.