La organización de conservación marina, Oceana hizo un llamado al Gobierno para avanzar en la implementación de los planes de manejo y recuperación de las pesquerías chilenas, de las cuales el 60% se encuentran agotadas o sobreexplotadas, de acuerdo con el Informe sobre el Estado de las Pesquerías Chilenas 2016 elaborado por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca).
“Los resultados de este informe dan cuenta del alarmante estado de las pesquerías en Chile, llevamos una década sin signos de recuperación. Bajo este escenario, se hace urgente implementar los planes de manejo y recuperación para las pesquerías nacionales”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile. “Es preocupante que ante el evidente deterioro de los recursos pesqueros, no sea una prioridad encontrar un Subsecretario de Pesca, tras dos meses sin autoridad a cargo”, añadió.
El informe anual de Subpesca, que analiza el estado de las 25 principales pesquerías chilenas, revela el estado crítico de 15 de ellas, de las cuales nueve se encuentran agotadas o colapsadas y seis sobreexplotadas. Dicho de otro modo, estas pesquerías no tienen la capacidad de ser sustentables en el tiempo y su nivel de captura es muy inferior a su nivel histórico debido a la significativa disminución de estos recursos.
Llama la atención, según Oceana, el cambio de estatus de la merluza común, pesquería que en el informe de 2015 aparecía en la categoría de colapso y en este último informe pasa a sobreexplotada.
“Que la merluza común haya salido de estado de colapso es una cuestión técnica y no quiere decir que ya se haya recuperado. De hecho, el Comité Científico que asesora a la Subpesca, estableció que existe casi un 40% de probabilidad de que efectivamente la merluza común no se haya recuperado”, declaró van der Meer. “Los mismos científicos concluyeron que esta pesquería se mantiene muy cercana al colapso y se requieren acciones para alejarla de esta condición”, agregó.
Es de suma urgencia, agregaron, que se prioricen las medidas necesarias para establecer políticas públicas para avanzar en la penalización de la pesca ilegal tanto industrial como artesanal, proyecto que se encuentra en discusión en el Congreso hace más de un año.