(Diario Financiero) Proyectos de inversión detenidos o retrasados a raíz de dificultades motivadas por los problemas de implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son un desafío común que enfrentan los países que han ratificado este documento.
Esa fue una de las conclusiones de un foro realizado recientemente en Dinamarca a raíz de la conmemoración de los 25 años del protocolo, explicó Matías Abogabir, ex encargado de asuntos indígenas del Gobierno y director ejecutivo de la consultora Local.
Proyectos como la mina El Morro en Chile, la hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras o los cerca de US$8.000 millones de inversión que se han retrasado o pospuestos por conflictos socio-ambientales en Perú son muestra de este fenómeno.
Abogabir comentó que aunque en otros países no hay registro de una judicialización como la que exhibe Chile, es generalizado entre los 22 países que han ratificado el tener inconvenientes.
En Colombia se levantó un estudio sobre los cuellos de botella en torno a la consulta.
En él se señala que ante la falta de una ley que regule adecuadamente los procedimientos, hay «incertidumbre jurídica para el sector privado ante la latente posibilidad de variación en la jurisprudencia y/o cambios en la concepción e interpretación de las normas al interior de los organismos del Estado» respecto a este tema.
En Guatemala, de 33 proyectos hidroeléctricos identificados en un catastro, doce tienen conflictividad.
El único gran proyecto hidroeléctrico que impulsan en Costa Rica sufre un gran retraso por inconvenientes con comunidades indígenas, aunque en este caso, el problema es mayor, porque la iniciativa considera la reubicación de unas mil personas.