Pescadores Industriales del Biobío advierten impactos críticos por subastas

Macarena Cepeda, presidenta del gremio, criticó duramente la reactivación de la propuesta de subastar los permisos vigentes y aseguró que la región “no resiste más desempleo”.

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En el marco del reinicio de la discusión de la Nueva Ley de Pesca en la comisión especializada del Congreso, el Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa la incorporación de subastas para los permisos vigentes de pesca industrial, generando fuertes reacciones desde el sector productivo del Biobío.

Durante la jornada, se convocó a 13 representantes del sector para exponer su postura en sesiones de cinco minutos. En ese contexto, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, expresó su profunda preocupación por el rumbo de la iniciativa.

“Nos enfrentamos a perder hasta el 60% de las cuotas actuales con la propuesta del Ejecutivo. Este es un escenario abiertamente expropiatorio de nuestra capacidad de trabajo y de la estabilidad de nuestro sector. Por ello quiero advertir ahora y con toda claridad que, con esta iniciativa del Gobierno, cerrará la planta de Landes y PacificBlu en Talcahuano, además de FoodCorp y la planta de conservas de Camanchaca en Coronel. Ninguna de esas cuatro empresas es viable elaborando el 40% de lo que hoy procesa”, afirmó.

La dirigenta gremial también cuestionó el acotado tiempo otorgado para intervenir: “Son miles de familias de la pesca industrial las que dependemos de esta ley, por lo que darnos cinco minutos es una decisión incomprensible y ausente de equidad e igualdad”, manifestó.

Riesgo de cierres y pérdida de empleos en Biobío

Cepeda fustigó la insistencia del Ministerio de Economía en las subastas, señalando que el tema “ya está zanjado”, pues fue rechazado en la Comisión Mixta durante la tramitación de la Ley de Fraccionamiento.

“Ya se traspasaron US$160 millones en pesca al sector artesanal. La pesca industrial no puede ahora financiar la protección social del mundo artesanal. Si bien es necesaria, no puede ser a costa de un sector que no resiste más decrecimiento”, sostuvo.

La representante gremial recalcó que la Ley de Fraccionamiento ya provocó una contracción del 30% en las cuotas pesqueras, afectando directamente la actividad industrial en la región. “Ahora, con la insistencia del Gobierno, nos enfrentamos a perder hasta el 60% de las cuotas actuales”, reiteró.

Además, advirtió que las restricciones actuales limitan gravemente la capacidad de operar tras agotar las cuotas nacionales, ya que el arancel impulsado por el Gobierno —y aprobado por el Congreso— encareció en 30% la importación de materia prima, como el jurel, desde mercados internacionales.

“Hasta antes de este arancel, empresas de menor tamaño como Landes y FoodCorp podían operar entre dos a cuatro meses más al año, tras cumplir su cuota nacional. Esos meses de operación hoy están en riesgo, lo que afecta directamente a los trabajadores de Coronel, Lota, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz”, señaló.

“La región no soporta más desempleo”

Al finalizar su intervención, Cepeda hizo un llamado a la responsabilidad política frente al complejo escenario socioeconómico que vive el Biobío, especialmente tras la caída de Huachipato.

“No sería comprensible que el Gobierno, vía las subastas, impulsara el cierre de tres nuevas empresas tras la caída de Huachipato. El Biobío no puede permitirse seguir decreciendo ni eliminando las pocas oportunidades que tiene. Nuestra región no soporta más desempleo, y los cambios que propone la Nueva Ley de Pesca solo contribuirán a aumentar la pérdida de empleo formal y de calidad”, concluyó.

Fotografía: Pescadores  Industriales del Biobío

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