“Es muy doloroso decirlo, pero varios diputados de otras regiones del país quieren convertir a Talcahuano y Coronel en ‘zonas de sacrificio laboral’ legislando para derribar de a poco una actividad productiva que entrega empleos de calidad, proyección a miles de familias desde hace más de 100 años y que es un motor de desarrollo en un territorio muy deprimido y con altas tasas de cesantía”, dijo Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, para referirse a los últimos avances en la tramitación de la ley que elimina la pesca de arrastre para la merluza común.
La ejecutiva explicó que el gran drama de la Comisión de Pesca es la sobre representación en esta instancia de parlamentarios del Maule y Valparaíso, donde no existe actividad pesquera industrial, pero sí una gran informalidad en la actividad pesquera artesanal que genera una enorme presión política y electoral sobre esas autoridades. “Es claro que se debe trabajar por mejorar al sector artesanal, pero este proyecto de ley no es la vía”, afirmó.
Los representantes de la pesca industrial de la zona centro sur dijeron que en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados se ha hecho una lamentable costumbre el llamar a científicos y especialistas nacionales e internacionales para escuchar sus opiniones, pero luego se obvia esa mirada experta cuando no calza con las ideas preconcebidas, subjetividades o “fake news” que abundan sobre el sector pesquero industrial.
“Hemos escuchado al diputado Alexis Sepúlveda (Maule) justificar la pesca ilegal de merluza aduciendo que ciertos grupos de artesanales no tienen más remedio que cometer este delito para sobrevivir. Creemos que no es aceptable justificar estas conductas desde ningún punto de vista, menos cuando es conocido que la pesca ilegal de merluza está controlada por mafias millonarias y no por pescadores artesanales sin acceso a recursos pesqueros”, aseveró Macarena Cepeda.
Es importante señalar que la Cámara de Diputados tramita una moción presentada por diputados de Maule y Valparaíso que prohíbe a la pesca industrial trabajar sobre la merluza común aduciendo riesgos para la sostenibilidad del recurso. Este proyecto legislativo, según lo informado desde el gremio, sería una copia fiel de la “Ley de la Jibia”, que también sacó a la pesca industrial de la actividad y que ocasionó el cierre de plantas y la pérdida de 1.000 empleos en la región del Biobío.
A principios de año, el Comité Científico Técnico de la Merluza, organismo asesor y de consulta de la Subsecretaría de Pesca en materias científicas relevantes para la administración de las pesquerías, le informó a la Cámara de Diputados que “el proyecto de ley que prohíbe el uso del arte de pesca de arrastre no cumple con el propósito de contribuir a la recuperación del recurso merluza común” y agrega que “la principal limitante para la recuperación de la merluza es el elevado nivel de ilegalidad en la pesquería”.
Además, en las últimas semanas, expertos científicos (academia e Instituto de Fomento Pesquero) han sido claros y enfáticos en señalar que el arte o técnica con que se captura la merluza no es el responsable de su actual estado, sino que lo es su captura por sobre la cuota científicamente autorizada, es decir, nuevamente la pesca ilegal no declarada, pero aun así se insiste en un proyecto de ley que no resuelve el problema.
“Se impuso en la Cámara de Diputados el peor riesgo para legislar sobre recursos naturales: la negación de la evidencia técnica”, señaló Monserrat Jamett Leiva, jefa de Sustentabilidad de los Pescadores Industriales del Biobío, quien agregó que este “es un riesgo terrible para nuestra actividad, como para cualquier otro rubro económico que requiere de legislaciones donde las investigaciones, estudios y experiencia comparada muestren un camino de buenas prácticas que le entregue garantías y proyección a todos los actores que en ella se desempeñan”, señaló.
Por último, Macarena Cepeda señaló que la pesca industrial no tiene posibilidad de reconversión; las plantas industriales para sostener una cadena productiva y de abastecimiento requieren de suministro de materia prima constante, de alta calidad y seguridad, y esto una actividad artesanal no puede hacerlo. De aprobarse esta ley se perderán 1.500 trabajos en la Región del Biobío, la mitad de ellas mujeres y jefas de hogar”.
Fotografía: Asipes