En el marco del Simposio Internacional de la FAO sobre la Sostenibilidad de la Pesca, que se desarrolló en Roma (Italia), la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) hizo propuestas para continuar mejorando el sector pesquero chileno, explicó la dramática realidad de la pesca ilegal que hoy es la mayor amenaza para los recursos pesqueros en Chile y destacó el trabajo de recuperación y certificación internacional del jurel.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) es el organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre en el mundo. Según explicó Macarena Cepeda Godoy, presidenta de Asipes, actores de todo el mundo se dieron cita para analizar cuál es la situación de la pesca a nivel mundial y regional y cómo mejorar la sostenibilidad de los recursos. También se abordó la gestión de la pesca frente al cambio climático, el uso de tecnologías emergentes y las mejoras en la cadena de valor.
Macarena Cepeda Godoy intervino en el panel “Lograr una gestión pesquera sostenible: una perspectiva del mundo en desarrollo”, donde manifestó que la sostenibilidad de los recursos depende de la correcta evaluación de la biomasa y el valor de los criterios científicos para un adecuado esfuerzo de captura por una pesca sostenible y destacó el trabajo que se ha hecho en Chile en el caso del jurel.
“En la década de 1990, la captura total permitida era de 4 millones de toneladas con una baja evaluación científica que concluyó en un stock agotado. Actualmente, y después de siete años de gestión internacional para regular el esfuerzo de mortalidad, el stock está fuera de riesgo y en una condición saludable con una captura total permitida de cerca de 600.000 toneladas”, explicó. Dijo también que Chile logró certificar internacionalmente este recurso pesquero, lo que asegura su sostenibilidad y protección.
En la presentación ante diversos representantes del sector pesquero global, la presidenta del gremio, Macarena Cepeda Godoy, explicó -por ejemplo- que investigaciones académicas han demostrado que el nivel de pesca ilegal que afecta a la merluza común excede en Chile dos a cuatro veces la cuota general establecida por recurso. Dijo que la captura total permitida de merluza chilena para 2018 fue de 25 mil toneladas, pero la pesca ilegal artesanal en las regiones de Valparaíso, O`Higgins y Maule alcanzó las 43.000 toneladas.
“La pesca ilegal y no reportada resulta en sobrepesca y para combatirla es importante educar y generar conciencia en toda la cadena de valor del daño que provoca. Debemos exigir el origen legal y la trazabilidad de todos los productos marinos”, aseguró. Por ello, dijo, es importante que en Chile tomemos conciencia que “hay consenso mundial que la crisis de sobrepesca que afecta a los recursos marinos es la pesca ilegal y hay un acuerdo robusto entre los actores en el mundo para combatirla y eso tenemos que asumirlo como país”.
La presidenta del gremio detalló que el sector pesquero industrial, al igual que sus pares en el mundo desarrollado respeta la regulación y utiliza moderna tecnología para resguardar la sostenibilidad a los recursos. “En Chile, la pesca industrial utiliza posicionadores satelitales, bitácora electrónica, certificación de todas las capturas y puntos de desembarque conocidos para inspecciones adecuadas, pero todavía tenemos que trabajar con la pesca a menor escala que no está obligada a utilizar posicionadores satelitales ni certificar sus capturas y existen muchas caletas de pesca para desembarcar y evitar declarar la captura”, sostuvo.
Agregó que en el último tiempo se ha subestimado la pesca de menor escala en términos del real impacto que tiene su operación en la sobrepesca. A su juicio, es necesario otorgar permisos de pesca individuales a los pescadores que les ayuden a proteger sus propios recursos que les permita incorporar valor agregado y además, sincerar el efecto real de la operación de pesca, incorporando tecnología y transparencia en todas las etapas.