Las declaraciones del presidente de Empresas AquaChile, Víctor Hugo Puchi, donde llamó al Estado a intervenir en la producción de las salmonicultoras con el objetivo de aumentar la competitividad, continúan generando coletazos en el sector.
Es que, luego que la Asociación de Salmonicultores de Magallanes criticaran ese pedido, la Federación de Prestadores de Servicios de la Acuicultura de Chile F.G. (Feslach) se sumó a los cuestionamientos enfatizando que las palabras del también director de SalmonChile les resultan «bastante sorprendentes».
A juicio de Puchi, «las autoridades deben limitar las libertades individuales en función de una situación biológica y una capacidad de carga del océano. Esto es lo que todos los otros países han hecho».
Para la Feslach, con esa sentencia el ejecutivo resume que el único capaz de solucionar la problemática de la industria salmonicultora nacional sería el Estado. «Pedir la injerencia estatal en una economía que se ha caracterizado por su dinamismo, generada por la libertad de emprendimiento, la capacidad empresarial y de innovación de los particulares, nos resulta, al menos, contradictorio y nos genera legítimas suspicacias», argumentó la federación de prestadores de servicios preguntándose: «¿Qué significa esto? ¿Que el Estado pondrá al servicio de la industria grandes pensadores y gestores, que asignen cuotas de producción, según barrios, empresas, centros, por especie, por mercados o por empresa? ¿Quiénes estarán presionando para influir en futuras normativas al respecto?».
«Mercantilismo»
La Feslach ahondó que «sería bueno recordar que el libre mercado es absolutamente lo contrario del mercantilismo. Y el mercantilismo consiste en que las empresas más grandes intentan aliarse con el poder burocrático estatal con el fin de obtener normativas que le eliminen o alivianen la competencia, de manera de generar más poder de mercado en su favor. Esto es evidentemente un atentado al libre mercado y uno de los blancos que Adam Smith más furibundamente atacó en su clásico ‘La riqueza de las naciones’. Y como nos decía hasta el mismo Milton Friedman, no hay peor error que creer que la defensa del mercado sea lo mismo que la defensa de empresas. El famoso economista indicaba con vehemencia que los peores enemigos del verdadero libre mercado y la sana competencia son las grandes empresas y corporaciones, las cuales, por su propia naturaleza, intentarán formar mercados cautivos en su favor, influyendo en el aparato estatal», argumentó la entidad que representa, entre otros, a la Asociación Regional de Armadores y Servicios Marítimos (Arasemar), a la Asociación de Consultoras y Laboratorios Ambientales de Chile (Aclam) y a la Asociación de Talleres de Redes.
«También debemos recordar que el Estado no es un ente sobrenatural y benigno que vendrá a darnos soluciones ideales para salir de una crisis en el sector. El Estado son personas de carne y hueso como yo y usted, y que también buscan sus propios intereses como cualquier otra persona. Ese hecho debemos tenerlo muy presente cuando invocamos el Estado para que ‘nos ayude a salvar la industria’. En realidad, en el sector acuícola, el Estado es parte relevante del problema que estamos viviendo. Por su indolencia, negligencia, presionado por el factor empleo de corto plazo, ciego sordo y mudo a todas las señales del entorno, como también a los planteamientos de los prestadores de servicios desde el año 2008», complementó la Feslach.
De acuerdo con lo declarado a AQUA a través de un comunicado, la federación dijo que se debe estar «muy atentos» a este llamado público a la injerencia del Estado pues, a su juicio, las nuevas medidas o leyes acuícolas o ambientales que se puedan generar, pueden fácilmente transformarse en considerables barreras de entrada para la real competencia. «Esto obviamente terminará favoreciendo a los más grandes, dándoles un poder de mercado gigantesco y que los transformará en un verdadero oligopolio, con todo el daño que ello implicaría. Es muy cómodo querer capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas», manifestó.
En vez de solicitar la ayuda gubernamental, añadió, se debiera comenzar por varios puntos bastante razonables y necesarios, como: eliminar las altas densidades del pasado, mejorar el profesionalismo del personal a cargo de los centros y plantas, dejar de producir altos volúmenes sin mejorar las calidades, que sustenten sus cargas por centro, fondearlos correctamente para que los peces no se estresen y no bajen defensas, cambiar sus redes oportunamente, no botar desechos al fondo del mar, no ocultar el deterioro del fondo marino, entre otras. «Además de pagar a tiempo a sus proveedores y más ética empresarial. Todas estas iniciativas son las que los líderes salmonicultores debieran estar promoviendo», puntualizó la Feslach.
Para cerrar, la federación aseguró estar «completamente a favor de la protección del hábitat natural en el cual trabajamos y de la regulación ambiental -siempre y cuando sea realmente necesaria y no tenga otros fines-, con el objetivo de generar un sector salmonicultor sustentable en el tiempo y en armonía con su entorno social, natural y humano. Pero debemos tener mucha cautela y mirar con sospecha cuando una de las empresas más grandes del sector clama por la intervención estatal. Esto se ha traducido la mayoría de las veces en barreras de entrada gigantescas que impiden el ingreso de nuevos actores a la competencia y que hacen muy difícil la sobrevivencia de los pequeños competidores, transformando un mercado eventualmente competitivo, en uno más de los tantos mercados cautivos de Latinoamérica».