Este viernes 20 de octubre, se realizó, en el Hotel Gran Pacífico de Puerto Montt (región de Los Lagos) el seminario “Ley Lafkenche y la Gestión del Borde Costero”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile) y Armasur.
En el encuentro –que tuvo una alta participación de diversos empresarios, profesionales y actores locales–, se contó con la presentación de la gerente de Estrategia de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), Francisca Toledo, quien partió criticando que la Ley Lafkenche se creó sin considerar la opinión y participación de quienes desarrollan actividades en el borde costero, principalmente de aquellos ligados al ámbito portuario y acuícola. Esto, a su juicio, refleja que no hay existe una noción o política-país que vele por el desarrollo de estas actividades –tan importantes en términos económicos y sociales– a largo plazo.
¿Qué hacer? La ejecutiva reconoció que modificar la ley resulta difícil y lento, pues, para cualquier modificación, se requiere efectuar consulta indígena. No obstante, tampoco está muy convencida de que el diálogo pueda resultar beneficio en la totalidad de los casos. “No vamos a subsanar todas las falencias de la ley mediante el diálogo”, expuso. Por eso, llamó a los sectores productivos a seguir analizando el tema y exponiendo sobre los impactos que esto tiene.
“Ya llevamos alrededor de seis años. ¿Cuánto más vamos a esperar? Esta ley no sólo congela las concesiones, sino que también la actividad económica”, manifestó. Precisó que el país, en sus actuales condiciones, no puede darse el lujo de detener las inversiones. Finalmente, la ejecutiva llamó a las autoridades a que, así como frecuentemente piden instancias de diálogo al sector privado, muestren también disposición para buscar una solución al problema, con el fin de todos los usuarios del borde costero puedan convivir en forma armónica.
Los números de la ley
Por su parte, el gerente ejecutivo y comercial de IndexSalmon, Reinaldo Vidal, efectuó un análisis detallado sobre los alcances de la ley. En primer lugar, llamó la atención sobre las interpretaciones que se pueden hacer acerca de las “superposiciones” que tiene que evaluar la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) cuando se solicita un Espacio Costero Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPOs). Se supone, según lo establecido, que cuando entra una petición, se suspenden todas las demás solicitudes de afectación. “¿Los caladeros de pesca también entran aquí?”, se preguntó el analista, dejando abierta una consulta que hasta el momento no estaría resuelta.
Posteriormente, el ejecutivo indicó que 2016 fue el año en que entraron más solicitudes de ECMPOs, mientras que 2017 se ha caracterizado por la petición de una mayor cantidad de superficie (há). Añadió que son alrededor de cuatros años, en promedio, los que tarda una solicitud desde que entra a trámite hasta que se entrega la destinación; luego, hay que considerar el tiempo que transcurre hasta que se aprueba el plan de administración.
El representante de IndexSalmon también presentó datos de un estudio realizado por la misma consultora en el cual se tomaron datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y que arrojó información acerca de cómo se han constituido las solicitudes de ECMPOs desde el 2008 –cuando se aprobó la ley– hasta la fecha.
De acuerdo con la información, el 69,1% de las solicitudes están concentradas en la región de Los Lagos. Del total de solicitudes a nivel nacional –que son alrededor de 68–, el 85,3% está pendiente de resolver, el 13,2% ha sido resuelto y el 1,5% ha sido rechazado. Asimismo, en la región de Los Lagos se han solicitado alrededor de 193 há por socio; en la Región de Aysén, 12.923 há por socio; mientras que en la Región de Magallanes, 20.095 há por socio.
De igual forma, se tiene que el 43,9% de las asociaciones y comunidades de pueblos originarios se constituyeron antes de 2008, mientras que el 56,1% de ellas se formaron después de esa fecha, lo que mostraría una clara relación entre la entrada en vigencia del cuerpo legal y el interés de los habitantes indígenas por agruparse formalmente, sobre todo en los sectores costeros.
“Queremos entregar una visión de lo que esto significa y que esta información genere un aporte en la toma de decisiones”, expuso el consultor, quien advirtió que hay mucho por trabajar y muchas debilidades en el sistema que hay que subsanar.
El trabajo de la Sofofa
Ignacio Guerrero, director de Socios y Desarrollo Regional de la Sofofa, explicó que el trabajo que el gremio ha estado realizando con el fin de abordar los efectos de la Ley Lafkenche tiene que ver con los propósitos de la agenda “Más simple igual mejor” que está siendo impulsada por su actual directiva. “Hemos visto que esta ley tiene algunos vacíos, incertidumbre y cuellos de botellas que se pueden trabajar y perfeccionar. En ese sentido, estamos conversando con el Ministerio de Economía, viendo las modificaciones que se podrían hacer y seguiremos reuniendo a los distintos actores interesados en esto, como también en temas como las concesiones de acuicultura, cabotaje y otros donde también hay problemas”, sostuvo el ejecutivo.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, agradeció a la Sofofa y a quienes hicieron posible el encuentro. “Nuestra economía y futuro están en el mar”, dijo el ejecutivo, quien destacó que ahora “lo que esperamos es que haya respuesta de las autoridades y poder buscar puntos de encuentro y de solución, tal vez vía el diálogo, pero lo ideal sería que eso posteriormente se traduzca en leyes, pues esta situación no puede quedar sujeta a la voluntad de cada uno de los actores”.