(Estrategia) El superintendente general del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) inició un proceso administrativo para investigar la supuesta práctica de un cartel internacional con efectos en el gigante latinoamericano, colusión que se habría ejecutado en el mercado de transporte marítimo de automóviles por embarcaciones tipo Roll On Roll Off.
Las empresas investigadas por la autoridad regulatoria brasileña son la chilena Compañía Sudamericana de Vapores (que en la época en que ocurrieron los delitos pertenecía al Grupo Claro), Eukor Car Carriers Inc., Grimaldi Group SpA, Hoegh Autoliners Holdings AS, Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines, NYK Line Kaisha, Nissan Motor Car Carriers Co, Ltd y Wallenius Wilhelmsen Logistics.
De acuerdo con la Superintendencia General de Brasil, existe evidencia sólida de que la conducta contraria a la competencia contó con la participación de las empresas más grandes en el mundo de transporte marítimo. La colusión tendría como propósitos básicos asignarse a los clientes, con el fin de mantener la posición establecida de cada firma en el sector y continuar o aumentar los precios, incluyendo la resistencia conjunta a las solicitudes reducciones de valor.
Entre las prácticas investigadas, varias de ellas se han realizado en Brasil. Otras, sin embargo, han ocurrido en el extranjero y tienen el potencial de afectar el territorio nacional del gigante latinoamericano, como las rutas involucradas que tenían a ese país como origen o destino y/o rutas que tenían a ese mercado como escala.
En opinión de la autoridad antimonopolios, las prácticas las llevaron a cabo por lo menos 80 individuos relacionados con las empresas investigadas y se realizaron por medio de las reuniones personales, llamadas telefónicas y el intercambio de correos electrónicos.
Estas prácticas de cartel habrían comenzado en el año 1978, pero la mayoría de las actividades del presunto cártel se habrían producido a partir del 2000 durando hasta posiblemente 2012, cuando la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión Europea y las autoridades japonesas de defensa de la competencia efectuaron operaciones de investigación y castigo en sus sedes de algunas compañías involucradas.
En Chile, la Fiscalía Nacional Económica requirió ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hace un año por colusión a seis navieras, conductas que se habrían materializado entre 2000 y 2012, donde pidió multas por US$75 millones en total.
El ente antimonopolios incluyó a la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI) y a CSAV, aunque para esta última no pidió multas, pues esta se acogió al mecanismo de delación compensada. Dicha denuncia se dio luego de que Vapores llegara a un acuerdo en Estados Unidos y pagara cerca de US$9 millones por la arista norteamericana del caso.
En tanto, entre los hechos más recientes, en diciembre de 2015 la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China multó por un total cercano a los US$63 millones a ocho navieras por cartelizarse, donde se encontraban también las chilenas CCNI y CSAV.
Acuerdos previos a la indagatoria
El 25 de noviembre de 2015, la Corte del CADE de Brasil aprobó Términos de Compromiso de Cesación de Prácticas, firmados con CSAV, Nippon y Kawasaki. Ya el 3 de febrero de este año, por orden del presidente de este ente antimonopolios, 13 personas se han unido a este acuerdo.
Lo anterior requiere que los firmantes dejen de actuar de forma ilegal, reconozcan su participación en la conducta investigada y colaboren eficazmente con la investigación.
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