Representantes del sector productivo del Comité de Manejo de la pesquería de anchoveta y sardina común —que reúne a actores del sector artesanal, industrial y de plantas de proceso entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos— manifestaron reparos a la forma en que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) definió las reglas de utilización de la Cuota Regional de Uso Común (CRUC), establecidas mediante la Resolución Exenta N°157/2026.
La situación fue abordada durante la primera sesión extraordinaria del Comité de Manejo realizada el 9 de marzo de 2026 en Concepción, instancia en la que los representantes productivos dejaron constancia de sus observaciones respecto de la aplicación de dicha normativa.
Dicha resolución establece que los volúmenes adicionales provenientes del proceso de fraccionamiento pesquero serán administrados como CRUC y que su uso se activará solo una vez consumido el 100% de las cuotas RAE asignadas.
Según los representantes de la pesquería, estas reglas fueron definidas directamente por la autoridad sin un proceso previo de discusión dentro del Comité de Manejo, organismo que tiene entre sus funciones asesorar en la administración de los recursos pesqueros.
Debate en el Comité de Manejo
Durante la sesión extraordinaria del comité, los representantes del sector productivo presentaron diversas propuestas destinadas a modificar o ajustar ciertos criterios establecidos en la resolución, con el objetivo de mejorar su aplicación práctica y evitar efectos operacionales negativos en la pesquería.
Sin embargo, de acuerdo con lo consignado en el acta de la reunión, Subpesca indicó que las condiciones base de la resolución responden a criterios que la autoridad considera coherentes con los principios de equidad y con el espíritu de la normativa vigente, señalando que no se encuentra disponible para introducir modificaciones estructurales al instrumento regulatorio.
Ante este escenario, representantes del sector solicitaron formalmente evaluar la suspensión temporal de la aplicación de la resolución en las regiones de Ñuble y Biobío, con el fin de generar un espacio que permitiera alcanzar un mayor consenso respecto de los criterios de utilización de la cuota.
Según lo señalado durante la sesión, la autoridad habría indicado que dicha suspensión resulta difícil de implementar, debido a limitaciones legales y operativas.
Preocupaciones del sector
De acuerdo con los antecedentes expuestos por los usuarios de la pesquería, la regla que exige consumir previamente el 100% de las cuotas RAE antes de acceder a la CRUC podría generar incentivos para aumentar el esfuerzo de pesca, al promover una dinámica en la que las embarcaciones compitan por capturar primero.
Por lo anterior, se advierte que este esquema podría derivar en inequidades entre embarcaciones con distinta capacidad operativa, además de dificultar el control administrativo del consumo de cuotas y abrir espacios para irregularidades en la declaración de capturas.
Asimismo, los representantes productivos señalaron que este tipo de incentivos recuerda mecanismos de “carrera olímpica” que históricamente caracterizaron a algunas pesquerías antes de la implementación de sistemas de administración más ordenados.
Impactos potenciales en la pesquería
Entre las preocupaciones planteadas también se menciona que la concentración de desembarques en determinados momentos podría generar impactos operacionales y ambientales en zonas costeras, particularmente en comunas donde históricamente se han registrado episodios asociados a altos volúmenes de descarga simultánea.
Además, los representantes del sector advierten que el esquema podría generar presiones adicionales sobre recursos que actualmente presentan condiciones de sobreexplotación, lo que —según señalan— requiere ser evaluado desde una perspectiva de sostenibilidad y gobernanza de la pesquería.
Desde el sector productivo indicaron que continuarán planteando sus observaciones en las instancias correspondientes, con el objetivo de revisar los criterios definidos para la utilización de la cuota CRUC y avanzar hacia mecanismos de administración que permitan mantener la estabilidad y sustentabilidad de la pesquería de sardina común y anchoveta.
Fotografía: Archivo