(La Tercera) Un intenso año y medio espera al sector pesquero nacional. A partir de la segunda mitad de 2015 y hasta febrero de 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revisará la Ley de Pesca. Y sus conclusiones podrían ser cruciales para esta industria.
La revisión es parte de los compromisos del programa de gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ratificado en su discurso del 21 de mayo pasado. Y aunque en principio el estudio por parte del organismo multilateral busca establecer si la norma cumple o no con los estándares internacionales de sustentabilidad y protección del recurso pesquero, se prevé una discusión larga y fuerte. El análisis comenzará en julio.
La actual Ley de Pesca entró en vigencia en febrero de 2013, después de una larga y polémica discusión que partió en 2010 y que se avivó en las últimas semanas tras conocerse que el senador UDI por la Primera Región, Jaime Orpis, es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por recibir fondos de Corpesca, la empresa pesquera del grupo Angelini . Ello configuraría un posible delito de cohecho.
Esto abrió espacio para que tanto desde el mundo político como de una parte del sector artesanal se exigiera un cambio total en la ley, demanda que, en todo caso, el gobierno ha descartado.
En el Congreso, la senadora DC Carolina Goic, integrante de la Comisión de Pesca, dice que están solicitando al gobierno que inicie una evaluación paralela de la norma y el presidente de esta instancia en la Cámara Baja, Cristián Campos (PPD), añade que los integrantes del organismo están planeando realizar un seminario el 23 de julio, con el fin de convocar a todos los sectores para discutir el tema. Planean entregar un informe al Ejecutivo con las conclusiones del debate.
Los pequeños pescadores cuestionan la forma en que son adjudicados los derechos de pesca que antes de la ley de 2013 tenían carácter indefinido. Ahora son a 20 años, pero renovables.
Paños fríos desde el gobierno
El subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, sale a poner paños fríos al debate. Recalca que el gobierno inició desde su instalación una revisión al cuerpo legal, porque para esta administración resulta esencial contar con una normativa que permita la existencia de la actividad pesquera en el largo plazo. Por eso, señala que el análisis de la FAO se centrará en temas relacionados con la sustentabilidad de la industria.
El subsecretario destaca que ya se ha reunido con el comisionado de la FAO para el proceso, el oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, Alejandro Flores, con el fin de coordinar que en la evaluación se generen espacios para escuchar a todos los actores de la industria.
Agrega que todas las orientaciones que entregue el organismo serán revisadas “en lo técnico, jurídico y económico”, y que a partir de eso se elaborarán “los proyectos de ley” o las modificaciones administrativas que sean necesarias. “Esperamos que en 2016 los proyectos de ley que surjan ya estén en el Congreso para ser discutidos y aprobados en el menor plazo posible, en la medida en que el Parlamento así lo considere”, acota.
Avances legislativos
En todo caso, Súnico detalla que ya se han aprobado tres proyectos de ley para el sector: el de uso de posicionadores satelitales en embarcaciones artesanales; recuperación de la facultad de incautar desembarques por parte de Sernapesca, y la postergación por cinco años más de la moratoria de concesiones salmoneras en las regiones X y XI.
El subsecretario añade que, además, se están tramitando tres proyectos adicionales: la creación del instituto de desarrollo sostenible de la pesca artesanal, la creación de un programa de repoblamiento de algas y un programa de regularización de las caletas pesqueras a lo largo de todo el país para diversificar la actividad.
Junto con esto, agrega que se está trabajando en dos iniciativas más para discutir durante el segundo semestre: el desarrollo de una legislación sobre el borde costero en materia de recursos bentónicos (locos, piures y machas) y la creación de una iniciativa para desarrollar la acuicultura a pequeña escala. “En el tema de la evaluación y las modificaciones, nosotros hemos estado muy activos desde que asumimos el gobierno”, recalca Súnico.
Pese a las declaraciones del gobierno, en el sector industrial, responsable del 45,7% de los desembarques pesqueros de 2014 y del 52,5% del empleo que genera el sector existe incertidumbre.
Primeras licitaciones
Para ellos, la normativa vigente es una “buena ley”, por lo cual llaman a la prudencia. “Como gremio me preocupa que a partir de un caso específico que está afectando a una empresa (Corpesca), se genere el mal precedente de poner en riesgo todo un sector económico”, explica el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Francisco Orrego.
Si bien las empresas están de acuerdo con que la FAO haga una evaluación de la norma, Orrego explica que también es importante darle a la ley el tiempo necesario para evaluarla, dado que está recién en fase de implementación.
En el sector explican que hasta ahora las medidas implementadas al amparo de la ley actual muestran resultados positivos. Destacan la creación de los comités científicos de pesca, que al tener la responsabilidad única de establecer las cuotas de pesca, han actuado prudentemente. Pero, agrega otra fuente, gracias a eso, se ha permitido recuperar algunos recursos que estaban sobreexplotados, como los camarones y langostinos.
Estos recursos, al tener un mayor Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), serán los que inaugurarán la nueva figura de licitación que se incorporó en la ley. De hecho, el gobierno ya se encuentra elaborando las bases para que a fines de este año se subaste el 5% de la cuota global de la industria en estas pesquerías. El RMS permite definir cuál es el máximo nivel de capturas para que las especies no corran peligro de verse reducidas.
Un escenario similar podría ocurrir con el jurel, la mayor pesquería que tenía el país y que en 2010 fue calificada como “colapsada”. De acuerdo a las estimaciones de la industria, en 2018 se podría realizar la primera licitación de este recurso: una subasta ‘a todo evento’, donde se colocará el 15% de la cuota global.
Por eso, para Orrego, lo que la FAO podría perfeccionar está relacionado con la protección y conservación de las pesquerías. Señala que la entidad podría recomendar el establecimiento de nuevos mecanismos para fomentar el desarrollo productivo del sector y, además, generar una propuesta que permita conciliar una convivencia recíproca y beneficiosa entre la pesca artesanal y el sector industrial.
Mejorar el valor de mercado
En la vereda opuesta están los pescadores artesanales. Para Alfredo Irarrázaval, gerente general de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros (Pymepes), la FAO no es una institución competente para corregir la normativa. Uno de los puntos que este sector quiere modificar son las licencias transables de la industria. “Ellos (los industriales) las adquirieron gratuitamente y a perpetuidad, sin licitación previa. Sus privilegios generan una suerte de dumping entre estos grupos, contra pequeños emprendedores como los que yo represento”, dice.
Una visión similar tiene Lota Protein, empresa noruega que en la discusión de la normativa propuso las licitaciones de pesca, con el fin de abrir el mercado a nuevos actores. Riola Solano, vocera de la compañía, califica la ley vigente como “mala” y señala que el análisis que haga la FAO “no da garantías”, porque ellos, al ser una entidad técnica, se enfocarán en mejorar las problemáticas ambientales.
Para Lota Protein, se requiere realizar licitaciones sin condiciones y elevar el porcentaje de 15% a 50%. La firma, además, propone modificar el royalty que pagan las compañías. Ellos estiman que el valor que la industria paga por las cuotas está muy por debajo del valor de las cuotas licitadas. Según Solano en 2014, la industria pagó $ 12.000 por el derecho a capturar una tonelada de jurel y que durante el mismo año las pymes pagaron en promedio $ 52 mil por una tonelada del mismo recurso en la licitación para consumo humano (1% de la cuota). La noruega canceló hasta $ 120.000 por ese mismo derecho a pescar cuando compraron sus cuotas.
En el sector industrial discrepan de esa cifra. Explican que ellos pagan cerca de $ 25 mil por tonelada, y que si no fuera por un error en el cálculo que hizo un operador artesanal en la licitación de ese sector, el promedio de esa subasta hubiese estado más cerca del valor que la industria paga por la tonelada de jurel.