La asesora jurídica de SalmonChile, María Alicia Baltierra, realizó una exposición donde analizó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y sus implicancias para el desarrollo de la salmonicultura. Esta iniciativa legal ha generado preocupación en la industria acuícola, específicamente en el avance de uno de los 150 artículos del cuerpo legal que, de aprobarse, significaría importantes efectos económicos y sociales.
En relación al artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), Baltierra detalló que actualmente la ley establece la prohibición general de realizar actividades pesqueras y acuícolas dentro de las zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, excepto en «las zonas marítimas que formen parte de Reservas Nacionales y Forestales».
«Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo propone agregar un nuevo inciso excluyendo actividades de cultivos de especies hidrobiológicas exóticas en todas las categorías de áreas protegidas«, recalcó María Alicia Baltierra.
«En definitiva», comenta la asesora jurídica de SalmonChile, «con la propuesta se prohíbe la salmonicultura en reservas. Además, la propuesta sería discriminatoria con respecto a otras actividades. Se impediría definitivamente el otorgamiento de nuevas concesiones. Es una limitación para la discusión de la nueva LGPA. Debería mantenerse la excepción de la ley vigente para permitir el desarrollo sustentable de la acuicultura en reservas. En la práctica, esto no es factible y se impedirían procesos de relocalización y cualquier ordenamiento territorial futuro».
En cuanto a dónde opera la salmonicultura, la jurista recordó que esta actividad se lleva a cabo en áreas definidas por el Estado de Chile, siguiendo criterios territoriales y ambientales. Las concesiones son otorgadas por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, dentro de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA).
«Desde 2012, existe una prohibición de otorgar nuevas concesiones. Esta prohibición fue establecida por ley. Posteriormente, el congelamiento fue establecido mediante resoluciones administrativas en 2012 y 2018. Los titulares de las concesiones se instalan donde el Estado lo determina», remarcó.
La asesora detalló que la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) permite que la salmonicultura opere en zonas marítimas que forman parte de reservas forestales y nacionales. «El proyecto de la ley SBAP lo permite siempre que sea compatible con el plan de manejo y exista un informe favorable del Servicio», añadió Baltierra.
Presencia en reservas
La LGPA permite la acuicultura en reservas, lo cual está en conformidad con el estándar de la Convención de Washington. «El proyecto de la ley SBAP sigue la clasificación de áreas protegidas de la Convención, estableciendo distintos niveles de protección y cuidado. Los Monumentos Naturales, las Reservas Vírgenes y los Parques Nacionales están excluidos de actividades comerciales. En el caso de las reservas, el objetivo es la conservación y utilización de sus riquezas naturales», añadió.
En conclusión
En conclusión, la jurista destacó que «las reservas Guaitecas y Kawésqar representan aproximadamente el 38% de todas las concesiones otorgadas desde Los Lagos hacia el sur. Estas reservas no cuentan con un plan de manejo, por lo que no se puede definir su incompatibilidad con la salmonicultura».
Además, remarcó que «ambas reservas equivalen aproximadamente al 60% de las concesiones que operan anualmente, y dejar de operarlas implicaría reducir la acuicultura a menos del 40%, lo que cambiaría drásticamente la estructura actual de la industria».
«Se comprometen ingresos por exportaciones de más de US$ 3 mil millones al año, miles de puestos de trabajo, la destrucción de pymes y el impacto en todas las demás actividades económicas del sur», enfatizó.
En cuanto a las consecuencias, María Alicia Baltierra aseveró: «Si se determina que las concesiones en áreas protegidas deben ser trasladadas a otro lugar, eso no es posible. Actualmente, se han solicitado 4 millones de hectáreas en Chile por parte de los pueblos originarios (ECMPO), ubicados principalmente en Los Lagos, Aysén y Magallanes. Solo su solicitud genera la suspensión de cualquier otro trámite o asignación de concesión hasta que se resuelva (Ley Lafkenche)».
Recordó que «aunque en 2010 se inició un proceso de relocalización y fusión de concesiones (con el objetivo de tener menos concesiones y generar mejoras medioambientales), hasta la fecha, después de 13 años, no se ha otorgado ninguna».
«Por último, es importante mencionar que estamos a las puertas de la discusión de una nueva ley de Acuicultura. Sin embargo, la propuesta para SBAP busca establecer restricciones a la industria antes de que comience dicha discusión», concluyó María Alicia Baltierra.
Fotografías: B2B Media Group.