A partir del mes de noviembre, la Comisión de Agricultura del Senado chileno comenzará a recibir a las más de 40 organizaciones que solicitaron ser escuchadas, en el contexto del debate del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.
Así lo aseguró el senador José García Ruminot, presidente de la Comisión de Agricultura, la que, en total, recibirá a 48 organizaciones, la mayoría vinculadas a la agricultura, las cuales tienen dudas sobre las implicancias de las modificaciones de esta iniciativa, principalmente, en lo relativo a si es que se realizarán expropiaciones de derechos de aguas o no.
El parlamentario explicó que tanto de la Dirección General de Aguas (DGA), como de los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura han explicado que “no hay ninguna expropiación, respetamos los derechos de agua constituidos y, respecto de los nuevos, sería una fórmula a 30 años, que es uno de los aspectos más discutibles del proyecto”.
En la misma línea, el director de la DGA, Carlos Estévez, aseguró que “no se habla en ninguna parte de que se van a expropiar derechos, es más, dice claramente lo contrario”, y alegó que “con una excusa de que existe un problema de propiedad se está frenando el derecho humano de acceso al agua potable y de saneamiento”.
Estévez aseguró que lo que sí es parte del proyecto es que el acuífero puede comenzar a ser objeto de defensa, en caso de que no exista un uso como corresponde de los derechos de aprovechamiento entregados.
En este sentido, la caducidad de estos derechos podrá aplicarse en caso de que el dueño de éstos decida no inscribir o no realizar las obras solicitadas por la DGA, debido a que, en este caso “está haciendo trampa”, explicó el director.
En segundo lugar, los derechos ociosos también serán analizados por la DGA, debido a que existen los casos en que existan los derechos de aprovechamiento, pero no existan los recursos para llevar a cabo los proyectos propuestos.
“Tienen un plazo de diez años (para realizar los proyectos), pueden ser más si es que está en una situación de estudio de impacto ambiental (u otras circunstancias), pero si usted los tiene (los derechos) guardados en un cajón, esto se llama derechos de aprovechamiento de aguas, queremos que haya eficiencia y eficacia”, explicó Estévez.
Recursos para procedimientos
Durante la sesión, los senadores junto a los ministros y la Dirección General de Aguas, debatieron también respecto del financiamiento del proyecto para poder estudiar los expedientes respecto de los derechos de aprovechamiento de agua, el cual asciende hasta los $27 mil millones, en un plazo de diez años.
El senador García Ruminot cuestionó estos montos, puesto que, a su criterio, es “bastante poco”, considerando que es a un plazo de una década, es decir $275 millones anuales. Igualmente, alegó que desde el Ejecutivo explicaron que se pueden llegar a analizar entre 50 mil y 300 mil casos, por lo que espera que “podamos tener una cifra lo más precisa posible para saber cuánto tiempo y cuántos recursos necesitamos para poder regularizar esos derechos de agua”.