El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Francisco Orrego, calificó como «un grave atentado a la confianza en un sector económico prioritario que requiere estabilidad en las reglas del juego», la moción de 
ley presentada por los senadores Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz y Carolina Goic para modificar aspectos esenciales de la Ley de Pesca.
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El dirigente de la entidad gremial, que representa a las principales organizaciones industriales pesqueras del país, argumentó que «la iniciativa de estos senadores representa un acto de extrema gravedad, pues tiene como único propósito generar un clima de incertidumbre y afectar las inversiones y el empleo en un sector que atraviesa por un periodo de bajo crecimiento. Es una señal contraria a los propósitos del propio Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, del que forman parte, al oponerse y contradecir las definiciones que el Ejecutivo ha dado al sector pesquero cuando encargó a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) una evaluación técnica de la Ley de Pesca. Dicha normativa aún se encuentra en una etapa de puesta en marcha tras un amplio, mayoritario y transversal acuerdo congresista que la aprobó», sostuvo Orrego.
«Aún más irresponsable y demagógica es la iniciativa, si se tiene en cuenta que la mayor parte de sus disposiciones son inconstitucionales, pues son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo y afectan claros derechos de propiedad establecidos tanto para los pescadores artesanales como para todas las empresas del sector», añadió.
Del mismo modo, el gremialista compartió la inquietud manifestada por los dirigentes sindicales de los trabajadores de la industria pesquera, quienes han dicho no entender las motivaciones que existen detrás de esta moción que, desde su óptica, puede causar daño al empleo de miles de personas.
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El presidente de la Sonapesca expresó su confianza en que la mayoría de los senadores respete la institucionalidad vigente y que la Comisión de Pesca del Senado rechace la admisibilidad de esta iniciativa, «que adicionalmente permitiría que potencias extranjeras y empresas transnacionales que buscan operar en nuestras costas pudieran reemplazar a los pescadores y empresas chilenas, operando con buques cuyas tripulaciones afectarían el trabajo de miles de compatriotas». En este sentido, concluyó que «este es un proyecto hecho a la medida de los intereses de las potencias pesqueras extranjeras».