A propósito de la polémica generada por el video en donde se aprecia al abogado y presidente de Empresas Gasco, Matías Pérez Cruz, expulsando a tres mujeres que descansaban en un sector de la orilla del lago Ranco (región de Los Ríos), cabe recordar que la semana pasada, específicamente el miércoles 30 de enero, el TC declaró constitucional el proyecto de ley que establece sanciones a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos (Boletín N° 12.330-20).
El texto del proyecto subraya que el objetivo es «garantizar el libre acceso de las personas a las playas de mar o de aguas interiores, sancionando a quienes impidan o dificulten el paso hacia las mismas. En razón de esto, ningún propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas de ningún modo. Asimismo, en caso de contravención, el infractor será sancionado con multa a beneficio fiscal de 10 a 100 UTM (unidades tributarias mensuales)».
Contempla, además, «la reincidencia en la conducta, estableciendo que en ese caso se podrá aplicar una multa equivalente al doble del máximo establecido». Finalmente, estipula que «la aplicación de la multa y la reclamación de la misma se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N°18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local».
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En su sentencia, la Magistratura Constitucional expuso que «el artículo único del proyecto de ley establece el deber del propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante a las playas a que se refiere el artículo 13 del Decreto Ley N°1939«, es decir, el no cerrar ni obstaculizarlas de modo alguno y, en caso de no cumplirlo, se expone a pena de multa a beneficio fiscal.
Añade que la última parte de la norma en su determinación y reclamación se regirán por la Ley N°18.287. «Así, en la especie, se está en presencia de una nueva competencia otorgada a los jueces de policía local para la aplicación de eventuales sanciones en razón de la contravención a lo preceptuado en el artículo único del proyecto de ley, así como en el artículo 13 del Decreto Ley N°1939, modificado por la disposición en examen», puntualiza el fallo del TC.
Por tanto, reafirmó su jurisprudencia en orden a que ello abarca el ámbito reservado por la Constitución al legislador orgánico constitucional en el artículo 77, inciso primero, en cuya hipótesis se encuentra solo la última parte del precepto, esto es, la frase “La aplicación de la multa y la reclamación de la misma se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N°18.287.”. Al respecto, el TC explicó que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que la norma fue aprobada, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.
El fallo concluyó declarando que la frase “La aplicación de la multa y la reclamación de la misma se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N°18.287.”, contenida en la parte final del artículo único, del proyecto de ley remitido, es conforme con la Constitución Política. De igual manera, estipuló que «no emite pronunciamiento en examen preventivo de constitucionalidad, por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional, de las restantes disposiciones del artículo único del proyecto de ley».
La decisión fue acordada con el voto en contra del ministro Domingo Hernández, quien estuvo por declarar como propia de ley simple la norma consultada, contenida en la frase “La aplicación de la multa y la reclamación de la misma se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N°18.287.”, al considerar que «no se trata de una disposición que innove competencialmente; por el contrario, es una remisión procedimental al anotado cuerpo legal que rige el actuar en sede de policía local, cuestión que escapa al ámbito normativo de la ‘organización’ y ‘atribuciones’ a que alude el artículo 77 inciso primero de la Constitución, por lo que la disposición analizada regula cuestiones propias de la legislación común».
Vea el texto íntegro de la sentencia y el expediente Rol N°6007-19.
*En la foto destacada (de contexto) se aprecia Puerto Raúl Marín Balmaceda, en la región de Aysén (Archivo Minsal).