La oficina en Chile de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió este miércoles 22 de julio una queja entregada por dirigentes de tripulantes, patrones, motoristas y operarios de plantas pesqueras de la Región del Biobío, en nombre de los trabajadores del sector pesquero industrial. El argumento: Chile estaría vulnerando derechos contemplados en el Convenio 122 de la OIT aprobado y ratificado en 1968, que se refiere al compromiso de fortalecer el empleo y realizar los máximos esfuerzos para eliminar el subempleo.
En ese sentido, Eric Riffo, presidente de los motoristas; Hugo Roa, presidente de los tripulantes; Juan Carlos González, presidente de los patrones; y Robinson Cárcamo, dirigente de los trabajadores de plantas, adujeron que los cambios que se han introducido, en varias oportunidades, a la Ley de Pesca, «van en una dirección absolutamente contraria a la que obliga el citado convenio». Estos dirigentes fueron acompañados por la directiva del Sindicato de Planta de Harina de la Pesquera Landes.
El documento fue recibido por Carlos Rodríguez, especialista principal en Actividades con los Trabajadores de la OIT, colombiano con responsabilidad en los cinco países del Cono Sur de América y quien puntualizó que la queja se envía a Ginebra (Suiza) para su tramitación.
Impacto laboral
Lo que los dirigentes buscan con esta queja es explorar una instancia laboral internacional para que se solucionen los problemas que denuncian, derivados de modificaciones a la Ley de Pesca y que, según dijeron, afectan sus derechos. «Lo más preocupante en el análisis de los trabajadores de la pesca, es que hoy en día surgen voces desde nuestro Poder Legislativo en función de quitar los permisos de captura a la industria y traspasarlos 100% al sector atesanal extractivo, sin considerar que con ello eliminarán definitivamente todos los empleos que dicha industria genera, con impacto laboral brutal y como siempre quedarían cesantes o con subempleos muy precarios y sin ninguna ayuda del Estado», estipula la misiva.
En esta línea, los dirigentes también entregaron una solicitud de audiencia a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en La Moneda, adjuntando una carta en la que junto con valorar «positivamente la administración de los recursos pesqueros que realiza el Gobierno que preside», le explican que ven con «preocupación que algunas iniciativas en el Congreso Nacional van en dirección contraria a la mantención del empleo formal y al desarrollo productivo. Estas iniciativas tendientes a eliminar la operación de la flota pesquera industrial no consideran el enorme impacto laboral que dichas medidas traen consigo, con el riesgo adicional de eliminar los pocos polos de desarrollo que tienen las ciudades-puerto a lo largo del país», sostienen los representantes de los trabajadores industriales.
De igual manera, manifiestan que: «como trabajadores y trabajadoras que dependemos de la industria pesquera nos oponemos a las licitaciones de los derechos de pesca, por cuanto más allá de las consideraciones económicas y/o empresariales, dichas licitaciones rebotarían negativamente en la sustentabilidad de los recursos y sobre todo en la estabilidad laboral, dado que también se estarían licitando las fuentes laborales y con ello licitando a los trabajadores, entendiendo que el que pierde tendrá que cerrar y el que gana no necesariamente estará obligado a contratar».