Los trabajadores de la industria chilena del salmón, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón y Ramas Afines, manifestaron su preocupación por las nuevas medidas que se están tomando en torno a la caducidad de concesiones para el cultivo de salmónidos, donde las que no se están utilizando corren peligro de perderse, así como aquellas cuyos centros no están operando en el espacio definido originalmente.
“Nuestra preocupación hoy es el tema de las caducidades de las concesiones vigentes a causa de varios factores y criterios que está manejando la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), donde, por ejemplo, aquellas que no se ocupan en un año corren riesgo de perderse”, expuso el vocero de la Coordinadora, Alejandro Santibáñez. Añadió que esta situación puede llevar a que las empresas, para no perder esos sitios, decidan producir igual en ellas, “sobrepasando el límite que tenemos y que consideramos como una producción estable, es decir, en torno a las 700 mil toneladas. Con estas medidas se podría llegar a producir hasta el doble y un Estado responsable no debería permitir que se llegue a esa situación”.
Respecto de los centros de cultivo que están operando fuera del área concesionada –debido a diversos factores, algunos externos a las compañías– Alejandro Santibáñez comentó que la situación tampoco es fácil, ya que moverlos al lugar correcto significa la posibilidad de que el centro se vuelva inviable o improductivo.
El dirigente también recordó el atraso que se ha dado en torno a las relocalizaciones de las concesiones acuícolas, movimientos que no se han podido efectuar debido a que aún no se cuenta con los reglamentos que den fluidez al proceso, como el de caladeros de pesca.
“Estos asuntos regulatorios nos inquietan porque la operación de un centro de cultivo tiene relación directa con la labor de numerosos trabajadores. Si se cierra un centro cercano a Puerto Montt, esto perjudica a una planta de proceso donde trabajan cientos de operarios. Entonces lo que reclamamos es la poca visión de las autoridades”, expresó.
Diversas gestiones
Alejandro Santibáñez explicó a AQUA –en compañía de los directores de la Coordinadora, Pedro Cáceres y Walter Sandoval– que su organización ha efectuado un largo recorrido para dar a conocer esta situación tanto a la Subpesca como a la Subsecretaría de Defensa, a la Contraloría y a algunos congresistas.
“Hemos hecho la vuelta larga, enfocándonos, principalmente, en el Ministerio de Economía”, relató. Precisó que, según su percepción, “el Estado tiene claro el problema, pero queremos que haya mayor agilidad para abordarlo. Los trabajadores no deberíamos andar gestionando y pidiendo audiencias por lo que creemos es mejor para nosotros; ellos deberían reaccionar”, sostuvo el dirigente.
El representante de la Coordinadora reiteró que seguirán dando seguimiento al tema y que “es parte de la génesis de nuestra organización el entender todos los parámetros que regulan a esta industria y, desde esa perspectiva, hacer valer los derechos de los trabajadores. Somos los quienes laboramos en la salmonicultura y en sus servicios asociados los que sufrimos los embates de la cesantía cuando se toman decisiones poco acertadas y las familias del sur no merecen tener un futuro incierto”.