(Comunicaciones Asipes) La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) valoró el informe de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) que da cuenta de los importantes aportes que ha generado el sector vía el pago de las patentes pesqueras y del impuesto específico o royalty y que dan cuenta del relevante aporte de este sector productivo al desarrollo del país y de las regiones donde opera.
El presidente de la Asipes, Luis Felipe Moncada, dijo que la industria de la zona centro-sur ha pagado, a un año de su implementación, más de $6.800 millones por estos conceptos desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Pesca, lo que representa un 53% del total de lo que las empresas pesqueras contribuyeron a nivel nacional.
“Esto es muy relevante para la sostenibilidad del sector pesquero nacional, ya que, por ejemplo, las patentes pesqueras son pagadas como aportes al Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIP) y el Fondo de Administración Pesquero (FAP). En el caso del primero está destinado a financiar estudios necesarios para fundamentar la adopción de medidas de administración de las pesquerías y de las actividades de acuicultura y que tienen como objetivo la conservación de los recursos hidrobiológicos, considerando tanto aspectos biológicos, pesqueros, económicos y sociales”, explicó el dirigente gremial.
Por otra parte, permite cubrir los costos del FAP en líneas de acción como fiscalización, apoyo social y reconversión laboral, investigación, administración y fomento a la pesca artesanal, agregó.
Sin embargo, pese a que ambos gravámenes apuntan a la conservación y mejor administración de los recursos pesqueros, Moncada sostuvo que el sector –industrial y artesanal- se encuentra «gravemente preocupado por el crecimiento de la denominada pesca ilegal que está afectando fuertemente la sostenibilidad de una pesquería fundamental como lo es la merluza».
«Grave perjuicio»
La pesca ilegal no declarada, certificada o fiscalizada, es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la competencia, perjudica injustamente a los pescadores que actúan legalmente y hace más vulnerables a las comunidades costeras.
Al Terminal Pesquero de Santiago (Región Metropolitana) llegan diariamente, según estimaciones del propio terminal, entre 30 toneladas a 60 toneladas de pesca sin certificación, que son ingresadas en vehículos que no son fiscalizados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) al momento de su entrada. Esta situación conlleva también un grave peligro para la población, principalmente de la Región Metropolitana, que consume alimentos del mar que no tienen ningún tipo de fiscalización ni control de su calidad, transporte y conservación.
Se estima que la pesca ilegal de merluza común es tres veces la cuota que les corresponde al sector artesanal legalmente al año, es decir, si a ese sector le corresponden 7.600 toneladas al año, ilegalmente se capturan probablemente 22.800 toneladas, lo que supera la cuota global nacional de pesca (19.000 toneladas para el año 2014.).
“Esta práctica atenta directamente contra la sostenibilidad del recurso, puesto que se está capturando por sobre su rendimiento máximo sostenible, resultando de esto un potencial colapso de la pesquería, ya que la actividad ilegal estaría afectando fuertemente la recuperación de esta, sin respetar sus tallas y cuotas. En el fondo, se genera un grave perjuicio para el sector pesquero formal –artesanal e industrial- que desarrolla una actividad regulada y cuyo objetivo es la preservación de recursos renovables”, enfatizó Moncada.
Esta actividad ilegal, concentrada principalmente en las regiones de O’Higgins y del Maule, se estima genera unos US$30 millones en utilidades para quienes se dedican a este millonario negocio. Por esto, es necesario evidenciar el grave daño que la pesca ilegal genera al sistema tributario chileno, debido a la evasión de millonarios montos en impuestos que no son pagados por quienes roban estos recursos.
Por las razones antes expuestas, la Asipes formuló un llamado a todas las autoridades involucradas en esta materia a ejecutar los controles y fiscalizaciones correspondientes que permitan acabar con estas verdaderas mafias que están diezmando un recurso pesquero muy relevante para todos los chilenos.