Más de 1.500 actividades de fiscalización realizó el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en el marco de su plan especial de Semana Santa. Las acciones concluyeron con la incautación de 90 toneladas de pesca ilegal, donde alrededor de la mitad corresponde a merluza común.
Así lo informó la mañana de esta martes 7 de abril el director nacional del Sernapesca, José Miguel Burgos, quien detalló que los principales recursos incautados fueron 43 toneladas de merluza común, 14 toneladas de almeja y otras 14 toneladas de reineta, entre otros productos.
La autoridad detalló que gran parte de los controles se realizaron en forma conjunta con otras instituciones que integran los Comités Interinstitucionales de Fiscalización Pesquera (COFI) como Carabineros, la Armada, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, Policía de Investigaciones (PDI) y las Seremías de Salud, entre otros.
Esta coordinación, desarrollada entre el 23 de marzo y el 5 de abril, permitió además cursar 155 citaciones por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que vela por la sustentabilidad de los recursos y de la actividad pesquera.
El subdirector de Pesquerías, Jorge Toro Da Ponte, lamentó el alto nivel de infraccionalidad detectado. «Las regiones con mayor número de citaciones cursadas son Biobío, Metropolitana y Los Lagos, pero también hubo muchas infracciones en Coquimbo, Aysén y el Maule», precisó.
Por otra parte, junto con agradecer la colaboración de las instituciones involucradas, el subdirector destacó el «excelente nivel de coordinación de los equipos interregionales», lo que permitió lograr este importante volumen de incautación.
Finalmente, el director nacional del Sernapesca adelantó que además de mantener los controles en la extracción, transporte y comercialización de productos pesqueros, «se fortalecerá la difusión entre la ciudadanía que consume estos recursos, con el fin que a través de su decisión de compra desincentiven las malas prácticas que no solo socavan la disponibilidad de los recursos, sino que constituyen una competencia desleal para aquellos pescadores que realizan su actividad de manera legal y sustentable».