Biobío: Trabajadores pesqueros rechazan vandalismo y critican gestión estatal

Abr 2, 2015

"Se necesita investigación bien hecha y descompresión de un sector en que hay más pescadores que recursos", aducen los dirigentes del sector industrial.

Audiencias con la autoridad política y marítima de la región –intendente y gobernador marítimo- solicitaron los dirigentes de los trabajadores oficiales y capitanes de pesca, tripulantes, motoristas y operarios de plantas de la Región del Biobío.

Lo anterior, ante los hechos ocurridos este martes 31 de marzo cuando grupos minoritarios del sector artesanal realizaron acciones vandálicas en contra de trabajadores del sector industrial, atacando barcos atracados como el Veterveg, Leopardo, Malleco, Pelícano y Líder, a los cuales les cortaron espías, poniéndoles en riesgo de varar, mientras lanchas auxiliares de naves artesanales les empujaron para sacarlos de la zona de descarga, dejándoles sin máquinas, con intención de cortarles el suministro de petróleo y que quedaran a la deriva.

Así lo detallaron Hugo Roa, presidente del Sindicato Interempresa de Naves Especiales de la Región del Biobío y consejero nacional de Pesca; Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales Capitanes de Pesca de la Región del Biobío y miembro del Comité de Manejo de la Sardina y Anochoveta (consejero zonal de Pesca de las regiones de La Araucanía y de Los Ríos); Eric Riffo, presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales Motoristas de la Región del Biobío y consejero nacional de Pesca; y Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip).

A través de un comunicado, los dirigentes argumentaron que «la autoridad, encargada de la seguridad en el mar y política, debe reaccionar ante esta situación nunca antes vista y que no corresponde que por problemas de fondo se puedan ver enfrentados dos sectores de trabajadores pesqueros que como tales son hermanos en las labores marítimas, aunque sean grupos minoritarios los que actúen en forma violenta».

Independiente del rechazo que les genera haber sido atacados, subrayaron, «la sobrerreacción tiene una lectura y es que ha habido falta de visión política de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y del Ministerio de Economía para adelantarse a los hechos y de la autoridad pesquera para tener mirada de largo plazo y cabal conocimiento de lo que ocurre con este sector de la Región del Biobío. En una temporada de pesca de sardina/anchoveta que no comenzó normalmente y que se está acabando, cerraron hasta el 17 de abril la posibilidad de operar a naves mayores a 12 metros aparentemente en base a resultados de muestreos con naves no tecnologizadas, con pescado de bahías, lo que es un error. En lo inmediato, debe haber investigación de calidad, con un muestreo representativo de todas las amplias áreas de pesca artesanal de la región, con al menos siete naves por cada zona y, con esto, tomar una decisión», enfatizaron Roa, González, Riffo y Juana Silva.

Insistiendo en que las dotaciones de los barcos y trabajadores de las industrias son «tan trabajadores como todos y todas, y no son responsables de las malas medidas administrativas», los dirigentes afirmaron que ya han señalado que la autoridad debe comprender que en la flota pesquera artesanal de la sardina y anchoveta del biobío existe sobreesfuerzo, o sea muchos barcos para la biomasa existente y debe generar mecanismos de consenso para descomprimir dicho sector.

«No puede la autoridad seguir postergando las soluciones de fondo, y el Estado debe hacerse cargo en lo económico y en lo social y que no se repita lo que se vivió con la situación del jurel en el sector industrial cuando de carrera olímpica se pasó a Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) dejando en operación 47 barcos de 150 que eran, con un impacto brutal en lo social, con miles de empleos perdidos».

De igual manera, puntualizaron que el problema de la situación de la sardina y anchoveta afecta a todos. «Por ejemplo en las siete plantas de harina que trabajan con ese recurso donde unos mil operarios ven cómo se perjudica su situación sin que la autoridad responda a las peticiones de mitigación social que ese sector les está pidiendo desde que comenzó el problema el año anterior. El Estado debe hacerse responsable de la mala administración y resolver a través del Gobierno de turno. No puede ser que haya tanta tensión que grupos minoritarios vayan en contra de trabajadores propiamente tales, dijeron los dirigentes, reiterando que «se necesita investigación bien hecha y descompresión de un sector en que hay más pescadores que recursos».

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