Después de dos intensas y largas jornadas de trabajo, la Cámara de Diputados aprobó y despachó anoche al Senado, en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo tras su paso por la Comisión de Hacienda, el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
El texto legal (boletín 9290) ingresó formalmente a la Corporación el 2 de abril y fue íntegramente analizado por la Comisión de Hacienda, instancia que concluyó su análisis y aprobación el 23 de abril recién pasado (tras una quincena de sesiones especialmente citadas para tal efecto) con algunas diferencias respecto del texto original, las cuales fueron acordadas con el Gobierno (solo el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa en materia tributaria).
La Sala comenzó su análisis este martes, a las 11:00 horas, y concluyó pasada la medianoche del miércoles con la aprobación de la idea de legislar de la propuesta, por 72 votos a favor y 48 en contra. En la jornada de ayer, iniciada a las 10:30 horas, se discutieron los once artículos permanentes del proyecto y sus 17 artículos transitorios.
La propuesta legal contempla incorporar a las arcas fiscales recursos equivalentes a un 3,02% del Producto Interno Bruto (PIB), esto es, cerca de US$8.200 millones, una vez que la reforma entre en régimen. Cabe recordar que la normativa fija un sistema escalonado de aplicación, por lo que el impacto total se alcanzará solo en el año 2018.
Las estimaciones del Ejecutivo definen como una de las principales fuentes de los nuevos recursos las alzas impositivas a las empresas (desde un 20% a un 25%); la eliminación de regímenes establecidos en la década del ’80 como medios para incentivar la inversión, particularmente, el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) y el DL 600; el paso a un sistema de tributación devengada (se cobrará impuesto por el total de las utilidades de un ejercicio); y las normas contra la evasión y la elusión (0,52% del PIB), fijadas especialmente a través de un fortalecimiento del poder fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de Aduanas (también se solidariza este rol con entidades sectoriales, como las superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio Nacional de Geología y Minería).
La reforma se funda en cuatro objetivos principales: aumentar la carga tributaria para financiar con ingresos permanentes gastos permanentes y reducir el actual déficit fiscal; mejorar la distribución del ingreso, por la vía de la equidad tributaria; introducir incentivos al ahorro y a la inversión; y fijar un nuevo esfuerzo por disminuir la elusión y la evasión. Según lo especificado por el Ejecutivo, los nuevos recursos del Estado se destinarán a financiar la reforma educacional (costo aproximado evaluado entre 1,5% y 2% del PIB); mejorar las políticas sociales (salud pública y pensiones del sistema solidario); y reducir el déficit estructural, fijándose como meta llegar a pleno equilibrio al 2018.
Reacciones
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, resaltó la buena noticia que significa para el país la aprobación y despacho de esta iniciativa legal en su primer trámite y agradeció el extenso, eficiente y arduo trabajo desarrollado en la Corporación. “A nombre de la Presidenta de la República, le agradezco a la Cámara de Diputados por estar a la altura. Agradezco a cada uno de los diputados que nos apoyaron, tanto en general como en particular, especialmente a los congresistas de la Nueva Mayoría, independientes y de oposición que en algunos de los artículos apoyaron esta reforma tributaria, que es necesaria para avanzar hacia un país que enfrente decididamente la desigualdad y sea más inclusivo”, comentó.
En contraparte, el diputado Ernesto Silva (UDI) lamentó que no se desarrollara un debate más profundo y dijo que espera que las observaciones formuladas al texto legal por parte de cuatro ex ministros de Hacienda promuevan un cambio de actitud en el Ejecutivo, ad portas de la discusión en el Senado. “Se equivocaron tanto que van a tener que cambiar de actitud para la discusión en el Senado, porque el proyecto como está, aun cuando tengan los votos, es un mal proyecto”, sentenció.
En tanto, el diputado independiente Joaquín Godoy manifestó su molestia tras la aprobación del proyecto y sostuvo que “ganó la intransigencia y perdieron los chilenos”. “Son los chilenos de la clase media, las pymes (pequeñas y medianas empresas) y los pequeños emprendedores los que van a pagar esta Reforma Tributaria. Y ese no es el objetivo que planteaba la Presidenta Bachelet. Ella planteaba que la iban a pagar los más ricos, los grandes empresarios. Ellos, finalmente, no son los que van a pagar esta reforma”, concluyó.