(La Tercera) A través de un correo electrónico enviado a todos los intervinientes del caso Corpesca, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, notificó a imputados y querellantes que la investigación quedará bajo reserva por seis meses a partir de este lunes 21 de julio.
Según el escrito, la medida se basa en la aplicación de la Ley 19.213 del Código Procesal Penal, donde se persigue lavado de activos.
La definición de este delito apunta a quienes «buscan ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente».
En ese sentido, la fiscalía determina un tratamiento especial a la información contenida en la indagatoria.
Hasta ahora, la causa -que en un principio fue conducida por los fiscales Carlos Gajardo y José Villalobos, y que luego pasó a manos de Chahuán y su equipo-, indaga los pasos de la ex diputada independiente Marta Isasi y del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis, quienes, de acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora, recibieron de la pesquera pagos reiterados y fuera de época de campaña mediante el uso de boletas emitidas por terceros.
A su vez, las pesquisas apuntan al ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica -quien ya declaró-, y a un ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo.
Uno de los efectos de la medida adoptada por la Fiscalía apunta a impedir el acceso a los contenidos de las diligencias a las partes, en especial a los imputados.
En el correo enviado por Chahuán, de hecho, se explicita que de la Ley 19.213, -la que además se creó junto con la Unidad de Análisis Financiero- , se alude al artículo 31. Este apartado especifica que la investigación por delitos que guardan relación con lavado de activos «será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal».
Respecto del imputado -agrega- «la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término».
Se establece además que estos delitos serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, más multas de doscientas a mil UTM.
Con todo, la determinación excede el margen de tiempo que posee el fiscal nacional para tener a su cargo la causa, puesto que el 30 de noviembre próximo Chahuán cumple su periodo y deja el cargo.
Separación de causas
El fiscal nacional asiste este martes al Congreso en Valparaíso para participar de la cuenta pública del Parlamento.
Según explican, desde allá podría hacer anuncios en torno al futuro de las investigaciones en curso.
Este lunes, por ejemplo, Chahuán solicitó la separación de las aristas SQM y Penta, algo que se evaluaba hace algunas semanas. A su vez, también podría anunciar la llegada de Ximena Chong como nueva fiscal para alguna de las causas. Su nombramiento hasta la noche de este lunes, eso sí, no había sido confirmado.
Otra medida que adoptaría Chahuán una vez concretada la división de la investigación, sería pedir ampliar el plazo de las pesquisas para el caso SQM.
El pasado 9 de julio, el Octavo Juzgado de Garantía accedió a la petición de la Fiscalía de extender el tiempo de indagatorias a 90 días, pese a que el Ministerio Público había solicitado 150. Una vez ratificada la separación de causas, Chahuán insistiría con el pedido en relación con la minera no metálica.