Por unanimidad de doce votos a favor, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó esta semana la idea de legislar en torno al proyecto (Boletín 9151), iniciado en mensaje, que establece un sistema de bonificación por parte del Estado para empresas de menor tamaño, que permitan generar impactos positivos en la recuperación de la cobertura algal en las zonas de intervención.
La iniciativa ingresó a trámite legislativo el 14 de enero de 2014, teniendo como objetivo promover las condiciones que permitan a los sectores más vulnerables de la pesca artesanal y de los acuicultores de pequeña escala acceder a mejores ingresos y mayor valor agregado por la comercialización de sus productos.
Según se resalta en el mensaje, las principales algas chilenas son la Luga Negra, Luga Roja, Chicorea de Mar, Carola, Luche, Pelillo y las algas pardas: Lessonia Spp y Macrocystis. Se resalta que tienen aplicaciones para la extracción de sustancias químicas de importancia comercial, para la alimentación animal y humana y para la producción de biocombustibles y biofertilizantes. «En el año 2012 la exportación de algas secas y productos derivados superó los US$ 220 millones, lo que corresponde a un 12% de aumento respecto del año anterior y a casi el 5% del total de exportaciones pesqueras y de acuicultura”, puntualizó el Ejecutivo.
El texto también destacó que la gran longitud del litoral chileno presenta una oportunidad para implementar una política de repoblamiento y cultivo de algas que aparece como interesante desde diversas perspectivas, como, por ejemplo, la atendida la baja disponibilidad de recursos pesqueros, es posible diversificar la actividad que los pescadores artesanales pueden realizar en sus áreas de manejo.
De igual forma, se cree que la sobreexplotación de las algas puede ser enfrentada y evitada mediante el repoblamiento y el cultivo, bajando la presión sobre las praderas naturales. Además, la industria procesadora demanda cada vez mayor cantidad de algas para responder a los requerimientos del mercado que van en ascenso y que configuran una fuente de empleo y actividad económica para las regiones. También se consideró que el cultivo de abalón, en la zona norte del país, que necesita de alga fresca como alimento, adiciona una demanda que podría ser satisfecha localmente.
Proyecto e indicaciones
El proyecto ingresado en enero por el Ejecutivo reconoce como beneficiarios a los titulares de áreas de manejo que tengan en su plan de manejo algas; titulares de concesiones de acuicultura que cuenten con un proyecto técnico sobre algas; e integrantes de un Comité de Manejo de un área de manejo de recursos bentónicos que cuente con un plan de manejo del alga de la zona.
Desde el punto de vista del procedimiento, se contemplaron dos vías de acceso a la bonificación: a través de la postulación a un programa y/o, a través de la participación en un concurso. Ambos procedimientos serían tramitados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La diferencia es que en los programas se accede al beneficio adecuándose a los límites en superficie, región, especie y costos a lo propuesto en el mismo, en tanto que en los concursos existe un fondo donde compiten diversos proyectos.
Resuelto el programa o concurso, acota la iniciativa, puede accederse a un certificado de bonificación que servirá para obtener fondos de la banca e instituciones financieras que permitan iniciar la actividad. La bonificación se paga al postulante beneficiado una vez acreditado el cumplimiento de los indicadores de impacto.
Los proyectos que sean ejecutados se evaluarán conforme a indicadores que serán propuestos por un grupo de expertos y su cumplimiento por cada proyecto en particular será acreditado por un certificador, cuyo costo también se incluye en la bonificación. Se excluye de esta certificación a los cultivos, en cuanto puedan acreditar la venta de la cosecha.
Conforme a los debates efectuados en la Comisión, el Ejecutivo presentó a finales de septiembre un conjunto de indicaciones al proyecto, cuyo trámite en particular continuará en enero próximo.
En lo medular, los cambios propuestos buscan garantizar una adecuada implementación del sistema, incorporando como beneficiarios de la bonificación a los pescadores artesanales sometidos a un plan de manejo de algas en la zona de intervención. De igual forma, y con la visión de ampliar la cobertura del beneficio, se establece que en ningún caso se financiará más de una vez el repoblamiento del mismo sector del área sometida a un plan de manejo, así como tampoco más de tres repoblamientos del mismo sector de un área de manejo y explotación de recursos bentónicos, ni más de tres cosechas a los centros de cultivo.
El documento establece, además, la incompatibilidad de este subsidio con otros similares que puedan otorgar otras instituciones públicas, sin perjuicio de poder complementarse en la forma que determinará el reglamento.
De igual forma, se amplían los casos en que no se aprobará un proyecto técnico para acceder a la bonificación de la ley y se incorpora en el Fondo de Administración Pesquera estas actividades como financiables.
Gasto fiscal
Finalmente, respecto del gasto, fiscal, se establece un cargo de $1.000 millones en cada uno de los tres años de aplicación del sistema. Según se especifica, en el caso de la bonificación de cultivo en concesiones de acuicultura, el costo de cultivo por hectáreas ascenderá a $4,85 millones. Se considera 633 concesiones de acuicultura sujetas al beneficio, con una extensión media de 2,5 hectáreas cada una. En promedio, un 75% de su superficie se encuentra afectada y se considera la incorporación de un 12% de las concesiones durante el primer año; de un 9%, para el segundo año; y de un 6%, para el tercer año.
Respecto de la bonificación en áreas de manejo, se observa la existencia de 160 áreas sujetas al beneficio, con una extensión media de 5 hectáreas cada una. Se considera la incorporación de un 12% de la superficie durante el primer año; de un 9%, en el segundo año; y de 6%, en el tercer año. El costo de cultivo por hectárea asciende a $4,85 millones y el costo de repoblamiento a $1,94 millones.