Persisten las discrepancias entre el Gobierno y los pescadores artesanales respecto del proyecto de ley que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación.
Los pescadores artesanales –según lo informado por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach)– no están conformes con la propuesta de crear una Comisión Intersectorial que apruebe y fiscalice los planes de administración de las caletas, porque les entrega facultades de autorizar contratos y vetar a los administradores, atribuciones que afectarán la autonomía de las organizaciones de pescadores en la gestión de sus caletas, generarán conflictos y empañarían los objetivos principales del proyecto.
La comisión estará presidida por el director regional de Sernapesca e integrada por el director zonal de Pesca y Acuicultura (Subpesca), un representante de la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, un representante de la Dirección de Obras Portuarias respectiva y un representante de la Municipalidad designado por el alcalde, todos funcionarios que no poseen calidad de fiscalizadores, de modo que –según los pescadores– podría bastar con la figura del director regional del Sernapesca.
En este sentido, la Conapach manifestó su rechazo hacia este y otros artículos que niegan la autonomía de las organizaciones en la administración de las caletas “y que traban, por ejemplo, la celebración de contratos de arrendamiento en espacios que recaigan sobre infraestructura portuaria. Estas son medidas que deben ser modificadas para evitar en el futuro la limitación del crecimiento y desarrollo comercial de los territorios, evitando además su aprovechamiento político”, expresaron desde el gremio.
El directorio de la Conapach retomó el trabajo con parlamentarios integrantes de la Comisión de Pesca del Senado y de la Cámara de Diputados, para volver a revisar este punto y se puedan recibir las observaciones. A su vez, solicitarán un oficio de la Asociación de Municipalidades para que emita un pronunciamiento respecto de la incorporación inconsulta de un representante municipal en la comisión intersectorial.