El Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero emitió una columna de opinión firmada por su vicepresidente, 
Nelson Estrada (en la foto), relativa con el proyecto que busca anular la Ley de Pesca y cuya votación de admisibilidad en la Cámara de Diputados tiene como fecha límite el próximo miércoles 20 de enero.
Vea: Hasta la próxima semana se posterga votación de admisibilidad de anular la Ley de Pesca
En el texto, Estrada sostiene que con «gran expectación» se esperaba la votación de admisibilidad para la anulación de la denominada «Ley Longueira» que se realizaría este miércoles, sin embargo, subrayó el dirigente del Condepp, fue postergada por «presión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca)».
A su juicio, la entidad sectorial estaría haciendo «lobby para que los industriales reaccionen, ya que estos no están de acuerdo en que la moción avance; especialmente considerando que si se anula la ley no serían indemnizados».
Es así que, en palabras de Estrada, el próximo miércoles «se espera que la clase política se reivindique con el sector pesquero artesanal, dado que esta ley fue aprobada bajo cohecho por parte de algunos legisladores y con el apoyo de dirigentes de las dos confederaciones existentes en ese tiempo: Zoila Bustamante de la Conapach y Hugo Arancibia de la Confepach».
En ese sentido, sostuvo que en la Región del Biobío «la mayoría de las organizaciones se sumaron, quiero pensar que por desconocimiento, de lo que se aprobaría en esta ley, pero hoy se dan cuenta que ha sido nefasta, más aun cuando el 89% de los ciudadanos cree que la ‘Ley Longueira’ fue aprobada con cohecho y que un 93% cree que debiera anularse».
Estrada, quien a su vez es presidente de la Federación Pelágica al Norte del Biobío, dijo que esta iniciativa «es es una oportunidad para cambiar la historia; que los dueños de las cuotas de pescado, es decir los armadores y los trabajadores, nos unamos para, primero, presionar a nuestros parlamentarios a anular esta corrupta ley; y segundo, que al darse una nueva discusión de la institucionalidad sectorial, esta sea difundida y consensuada con todos los actores para que quede plasmada nuestra propuesta, resguardando nuestros derechos principalmente en el aspecto social, que es donde más desvalidos nos encontramos», concluyó el representante del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero.